Colaboración especial: Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de Letra Roja.
Hay historias que parecen escritas exclusivamente para la política mexicana. Y en estos días, Sinaloa ofrece una de ellas.
Tras denuncias, quejas e inconformidades sobre el actuar de las autoridades electorales, el Tribunal Electoral del Estado ordenó al Instituto Estatal Electoral de Sinaloa hacer lo que, en teoría, debió hacer desde el inicio: investigar a fondo.
Le dio diez días para revisar pruebas, corregir omisiones y dar respuesta puntual a los señalamientos por presuntos actos anticipados de precampaña atribuidos a la senadora Imelda Castro, denunciados por el PAN y Movimiento Ciudadano.
Diez días para hacer bien un trabajo que se supone ya estaba hecho.
Porque ahí está el fondo del problema: si el órgano electoral presume autonomía, profesionalismo y rigor técnico, ¿por qué tiene que ser corregido por el propio tribunal? ¿En qué momento la “minuciosidad” se volvió trámite, y la “transparencia” simple discurso?
El recurso de revisión promovido por la oposición no debería sorprender a nadie. Lo verdaderamente preocupante es que sea necesario. Que, frente a evidencias públicas y señalamientos reiterados, la primera respuesta institucional sea insuficiente. Y que tenga que venir una segunda instancia a enderezar lo que nació torcido.
Pero hay algo aún más revelador: la memoria selectiva del poder.
El partido gobernante construyó buena parte de su narrativa denunciando justamente estas prácticas. Durante años, acusó a autoridades electorales de omisas, parciales o complacientes.
Era una de sus banderas más visibles. Hoy, desde la cima, no solo reproduce aquello que criticaba, sino que lo perfecciona. Lo “remasteriza”, como dirían en otros ámbitos.
Por su parte, la senadora Imelda Castro ha optado por una estrategia conocida: el silencio calculado. Mientras tanto, asegura que seguirá recorriendo colonias, organizando asambleas y entregando informes casa por casa. Dice que siempre lo ha hecho. Y quizá ahí radica el problema: en normalizar lo que está bajo cuestionamiento.
Porque si hay o no sanción, parece irrelevante. El mensaje es claro: la actividad continúa, la narrativa se sostiene y el costo político, si existe, es mínimo.
A esto se suma otro elemento ya característico: el discurso de la persecución. Dentro de Morena, cualquier señalamiento se interpreta como prueba de fortaleza. Si te critican, es porque vas arriba. Si te investigan, es porque incomodas. Una lógica cómoda, pero peligrosa, que convierte la rendición de cuentas en ataque político y la crítica en victimización.
La senadora no es la excepción. Tampoco lo son muchos otros actores del mismo movimiento, dentro y fuera del Congreso.
Así, entre omisiones institucionales, recursos de revisión y discursos reciclados, el ciudadano queda en medio de una historia de viejas prácticas que ya ha visto antes… solo que con nuevos protagonistas.
Y mientras tanto, el grillo sigue cantando. No entretiene, pero vaya que incomoda.
