Exigen auditoría forense en Culiacán ante opacidad histórica en obra pública y sospechas de «montaje» en citatorios de la FGR

La regidora Erika Sánchez denuncia un boquete de 350 millones de pesos en el presupuesto municipal de este año y califica la gestión como la más opaca en la historia de la capital.

Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La reciente decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de citar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abrió una profunda grieta de desconfianza en la capital del estado. Erika Sánchez, regidora del PRI en el Ayuntamiento de Culiacán, advirtió que la ciudadanía percibe estas comparecencias como un posible «montaje» institucional para limpiar la imagen de los implicados; asimismo, exigió una auditoría forense extraordinaria ante las severas inconsistencias financieras y la opacidad que arrastra la administración municipal.

Al ser cuestionada sobre el peso de los citatorios federales derivados de un expediente en la Corte de Nueva York, la funcionaria municipal señaló que los señalamientos tienen el sustento suficiente para que la FGR actúe, pero aclaró que la demanda de justicia no es por cuestiones políticas, sino por el daño colateral que ha sufrido la población.

«Mientras se hacen estos señalamientos durante más de 20 meses, Culiacán y Sinaloa han sufrido mucho. Aquí todos somos víctimas porque se han perdido vidas, ha habido desapariciones, robo de vehículos y daño patrimonial. Lo que queremos es que este llamado no represente un montaje, porque el 98% de la gente en redes sociales especula que lo es. La exigencia social debe prevalecer para que se presenten ante la justicia», afirmó la regidora.

Sánchez lamentó que, hasta el momento, las autoridades federales solo hayan reaccionado con citatorios a entrevista, congelando la petición inicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que contemplaba la detención con fines de extradición.

El frente crítico de la regidora se extendió hacia la infraestructura y las finanzas de Culiacán. Sánchez calificó la actual gestión local como «la más opaca en la historia del municipio», revelando que durante los años 2024 y 2025 la administración operó en la ilegalidad al ocultar el Programa Anual de Obra Pública, un documento obligatorio por ley que jamás fue expuesto ni aprobado por el Cabildo.

Para el ejercicio 2026, tras una presión jurídica ejercida por la propia regidora, el documento finalmente pasó por el pleno, dejando al descubierto un severo desajuste financiero en las cuentas de la mayoría oficialista:

  1. Presupuesto etiquetado: Alrededor de 575 millones de pesos asignados para obra pública con recursos municipales, estatales y federales.
  2. Presupuesto transparentado: El programa aprobado fast track por el Cabildo solo justifica el destino de 223 millones de pesos.
  3. La anomalía: Existe una diferencia de más de 350 millones de pesos cuyo destino, contratos y proyectos específicos no han sido desglosados ni transparentados a la ciudadanía.

Como ejemplo de los supuestos «caprichos y ocurrencias» de la alcaldía, la regidora desmintió el costo oficial del polémico reloj floral de la ciudad. Aunque en medios de comunicación se difundió que la obra costó 290 mil pesos, Sánchez reveló que el gasto real rozó el millón de pesos, debido a que se ocultaron más de 600 mil pesos invertidos exclusivamente en la instalación eléctrica para hacerlo funcionar.

Al contrastar la laxitud con la que las instituciones fiscalizadoras han tratado a Culiacán frente a los desafueros exprés que sufrieron en su momento exalcaldes como «El Químico» Benítez en Mazatlán o Jesús Estrada Ferreiro en la capital, la regidora acusó la existencia de una «justicia selectiva» que protegió políticamente a la administración actual a pesar de las denuncias sistemáticas presentadas en cada sesión de Cabildo.

Finalmente, al evaluar el desempeño de la alcaldesa interina, Ana Miriam Ramos Villarreal al frente del Ayuntamiento, Sánchez rechazó otorgarle una calificación aprobatoria, argumentando que la alcaldesa se ha limitado a la simulación de eventos públicos mientras esquiva los problemas de fondo que estrangulan a los sectores productivos de Culiacán.

«No estamos de acuerdo con esa continuidad. Vemos a la presidenta atendiendo reuniones y eventos, pero eso no es atender a Culiacán. ¿La han visto recibir a los comerciantes formales e informales para trazar una ruta de recuperación económica ante la inseguridad? Este no es un tema de género, es un tema de capacidades, experiencia y preparación para enfrentar la peor crisis en la historia reciente del municipio», concluyó.

Redacción Letra Roja
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