Culiacán, Sinaloa.- Una reforma en Jalisco que está a punto de ser votada por el Congreso del estado ha desatado la preocupación de colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas debido a su impacto potencial en la difusión de fichas de búsqueda.
La reforma, que modifica el Código Penal Estatal, establece restricciones a la colocación de dichas fichas en espacios públicos no prohibidos, lo que podría limitar su alcance y dificultar las labores de búsqueda en uno de los estados más afectados por la desaparición forzada.
La iniciativa, presentada por el diputado independiente Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias el 20 de mayo de 2025, originalmente buscaba sancionar a servidores públicos que retiraran, destruyeran o alteraran las fichas de búsqueda.
Sin embargo, el 25 de febrero de 2026, durante su discusión en la Comisión de Seguridad y Justicia, el dictamen sufrió una modificación que condiciona la protección de las fichas a que sean colocadas en espacios públicos no prohibidos.
Esta nueva redacción establece que se considera abuso de autoridad impedir la colocación de fichas o retirarlas sin una causa legal justificada.
El cambio introducido en el dictamen ha causado alarma entre los colectivos, que argumentan que el término “espacios públicos no prohibidos” carece de una definición clara.
Héctor Flores, integrante de un colectivo, expresó su preocupación al cuestionar: «¿Cuáles van a ser los lugares permitidos?«, advirtiendo que la ambigüedad podría llevar a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades.
La falta de claridad en este punto podría dar lugar a restricciones en la colocación de las fichas de búsqueda, afectando la difusión de información vital para localizar a las personas desaparecidas.
Organizaciones como Luz de Esperanza han denunciado que la reforma, en su forma actual, podría permitir que autoridades administrativas o policiales retiren las fichas bajo argumentos normativos sin justificación suficiente, limitando aún más las posibilidades de que estas lleguen a un público más amplio.
Por su parte, el dictamen subraya que la colocación de fichas de búsqueda en espacios públicos es una práctica fundamental para los familiares, quienes recurren a ella debido a la falta de resultados institucionales en muchos casos.
Sin embargo, el texto también señala que el objetivo de la reforma es evitar sanciones desproporcionadas que podrían aplicarse bajo la redacción inicial, donde cualquier retiro de ficha sin dolo sería punible.
La propuesta ya ha sido aprobada en las comisiones correspondientes del Congreso de Jalisco y está en espera de ser turnada al pleno para su discusión y votación final. Si se aprueba, deberá ser enviada al gobernador Pablo Lemus para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En el contexto de este debate, la crisis de desapariciones en México sigue siendo un tema crucial. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), más de 133,149 personas han sido reportadas como desaparecidas hasta 2026.
En Jalisco, se han registrado 36,355 desapariciones hasta diciembre de 2025, mientras que solo 25,351 casos han sido registrados a nivel nacional.
La crisis de desapariciones en México ha sido denunciada a nivel internacional. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recientemente señaló que, a pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, las desapariciones forzadas continúan siendo un fenómeno generalizado y sistemático.
En abril de 2026, el comité solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que considere medidas de cooperación técnica y asistencia especializada para abordar el fenómeno.
Con información de Animal Político.
