Chicago, Estados Unidos.- Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, se declaró culpable este lunes 1 de diciembre en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, Chicago.
La audiencia, que tuvo lugar a las 13:30 horas, marcó un cambio significativo en el proceso judicial que enfrenta el acusado, conocido como El Güero.
Esta decisión ha sido confirmada por documentos oficiales de la corte y difundida por diversos medios.
Guzmán López aceptó la culpabilidad en múltiples cargos, entre los que se incluyen conspiración, tráfico de drogas, delincuencia organizada, y lavado de dinero.
Los cargos más graves están relacionados con el narcotráfico internacional y el crimen organizado, donde se le acusa de introducir y distribuir fentanilo, cocaína, metanfetaminas y marihuana en territorio estadounidense. Además, se le imputa la posesión de armas de fuego en el contexto de actividades criminales.
Este cambio de declaración, según diversas fuentes, podría abrir la puerta a una reducción en la sentencia de Guzmán López, si este accede a colaborar como testigo en el caso.
Las autoridades estadounidenses consideran que podría aportar información crucial sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa, el cual sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
Entre las revelaciones más sorprendentes, Guzmán López admitió haber participado en el secuestró de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa.
El secuestro de El Mayo, que culminó en la entrega del narcotraficante al FBI, fue un hecho clave en la desestabilización de la organización tras la captura de “El Chapo” Guzmán.
Este episodio generó una serie de tensiones internas dentro del cártel, lo que dio paso a una ofensiva judicial contra los hijos de El Chapo, conocidos como Los Chapitos.
En cuanto a las penas que enfrenta Guzmán López, la legislación estadounidense establece que, dependiendo de su nivel de cooperación, los delitos que se le imputan podrían resultar en condenas que oscilan entre los 10 años de prisión y cadena perpetua.
La Fiscalía General de la República en México también ha abierto investigaciones en su contra por privación ilegal de la libertad y traición a la patria, aunque el proceso más avanzado sigue siendo el que se desarrolla en Illinois.
