Ciudad de México. — En una maniobra política que duró menos que el periodo extraordinario que la motivó, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez recuperó su escaño este viernes 29 de mayo, apenas unas horas después de haber tramitado y obtenido una licencia temporal. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, notificó a la asamblea sobre la reincorporación del legislador sinaloense justo antes de clausurar los trabajos del pleno.
La fugaz separación del cargo se formalizó el jueves 28 de mayo. Durante ese breve paréntesis legislativo, su suplente, Omar López Campos, rindió protesta constitucional. En su momento, Inzunza justificó su retiro temporal argumentando ser el blanco de una «embestida mediática» que le imposibilitaba participar de manera adecuada en las sesiones.
Aunque el senador aseguró haber estado presente en las instalaciones del Senado los días 27 y 28 de mayo, nunca pisó el pleno. Fuentes y periodistas legislativos confirmaron que el jueves únicamente sostuvo una reunión a puerta cerrada con el senador Ignacio Mier.
Esa misma noche, lejos de la capital del país, Inzunza reapareció públicamente en Culiacán. El legislador fue captado asistiendo a la ceremonia de graduación de su hijo en el Tecnológico de Monterrey, acompañado por su esposa, la magistrada Claudia Yuridia Meza Avendaño. Al ser cuestionado por la prensa local, Inzunza declinó hacer declaraciones sobre su situación política y jurídica, limitándose a responder que se trataba de un evento estrictamente familiar. Previo a este acto, su última actividad pública documentada databa del 22 de mayo, tras sostener una reunión con el senador Javier Corral en un exclusivo club de Culiacán, Sinaloa.
El inusual movimiento legislativo ocurre en el punto más crítico de la carrera política del senador, enmarcado por el expediente judicial S9 23 Cr. 180, radicado el pasado 29 de abril en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa formalmente a Inzunza, al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y a otros ocho funcionarios del estado, de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento de alto poder y conspiración para usar explosivos; delitos federales que en territorio estadounidense se castigan hasta con cadena perpetua.
La pieza central de la acusación sostiene que Enrique Inzunza habría participado en una reunión de alto nivel con la cúpula de «Los Chapitos» inmediatamente después de las elecciones de 2021, encuentro en el que presuntamente se habría pactado ceder el control de la Policía Estatal de Sinaloa a la organización criminal.
Frente a la gravedad del requerimiento internacional, el senador morenista ha negado categóricamente cualquier vínculo con el Cártel de Sinaloa, catalogando el expediente como un golpeteo político y advirtiendo que utilizará su posición en el Senado de la República para demostrar su inocencia.
