Ciudad de México.- La solicitud de licencia temporal del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abrió la posibilidad de que sea detenido ante las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, advirtió el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
Según Zaldívar, al separarse del cargo, Rocha Moya pierde la inmunidad procesal, conocida popularmente como fuero.
“El fuero protege a la función, no a la persona. Además, quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de inmunidad procesal”, explicó el exmagistrado, citando precedentes del Poder Judicial Federal.
La polémica surge porque la figura del fuero, establecida en el artículo 110 de la Constitución, brinda prerrogativas a altos funcionarios para ejercer sus cargos con independencia, inviolabilidad e inmunidad, mientras dure su encargo.
Sin embargo, Zaldívar señaló que “es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo ‘fuero’”.
Diversos analistas constitucionales coinciden con la interpretación de Zaldívar, sosteniendo que una licencia, aunque sea temporal, suspende la protección y permite que las autoridades ministeriales actúen sin necesidad de un proceso de desafuero.
Otros expertos, en cambio, argumentan que mientras el gobernador mantenga la titularidad formal del cargo, la inmunidad procesal podría seguir vigente.
La licencia solicitada el sábado ocurrió en medio de señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la presunta colaboración de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que el gobernador ha rechazado.
Su salida temporal permitió el nombramiento de una gobernadora interina y se da en un contexto de presión internacional y revisión de pruebas por parte de autoridades mexicanas.
Zaldívar resumió: “La inmunidad procesal, mal llamada ‘fuero’, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución”.
El caso ha generado intenso debate jurídico sobre si un gobernador con licencia pierde automáticamente el fuero, una discusión que podría definir los límites de actuación de la Fiscalía General de la República frente a funcionarios separados temporalmente de su cargo.
