Senado de la República. — La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez Ramos, denunció desde la tribuna de la Cámara Alta que el relevo en la gubernatura de Sinaloa representó una simulación política de Morena para mantener intacta la estructura del exmandatario Rubén Rocha Moya, a quien señaló por presuntos actos de corrupción detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por la crisis de violencia que acumula 793 días en la entidad.
“Cambiaron a quien ocupa la gubernatura, pero dejaron a los mismos funcionarios, las mismas complicidades y el mismo silencio. Por cierto, después de 6 meses de ser acusado por narcotrafico el vicefiscal apenas renunció”, sostuvo la legisladora priista al cuestionar la permanencia de perfiles ligados a la administración anterior.
De acuerdo con lo expuesto por Sánchez Ramos, las revisiones de la ASF al ejercicio del gasto público en Sinaloa documentaron presuntas irregularidades financieras, entre ellas la asignación de contratos a una empresa constructora vinculada con familiares de un servidor público de la gestión de Rocha Moya.
La senadora precisó que el órgano fiscalizador identificó depósitos superiores al costo real de las obras contratadas, transferencias entre diversas cuentas y pagos millonarios justificados bajo el concepto de préstamos.
“El gobierno de Rocha fue incapaz de recuperar las calles, pero muy eficiente para repartir contratos entre los suyos”, afirmó la representante sinaloense ante el pleno del Senado de la República.
En el balance presentado por la legisladora, el exgobernador suma 81 días sin aparecer públicamente mientras la entidad enfrenta un escenario de miles de asesinatos y desapariciones, cierre de negocios, desplazamiento forzado de familias y afectaciones severas a los sectores productivos.
Asimismo, Sánchez Ramos atribuyó a la administración de Rocha Moya la pérdida de control institucional frente a grupos delictivos en corporaciones policiales, juntas de agua y distritos de riego, así como la extensión del cobro de piso en actividades como la agricultura, la pesca, la ganadería, la minería y el transporte de mercancías.
La senadora aseguró que dentro de la actual administración estatal no existen investigaciones abiertas ni procesos de esclarecimiento sobre las observaciones financieras señaladas por la auditoría federal.
“Sinaloa tiene un gobierno que es incapaz de resolver un problema. Nadie actúa, nadie investiga, nadie aclara y nadie rinde cuentas”, concluyó Paloma Sánchez Ramos.
