Culiacán, Sinaloa.- La aplicación de botox, rellenos dérmicos y tratamientos con aparatología en clínicas de belleza sin supervisión médica especializada podría tener los días contados en Sinaloa. Ante el riesgo a la salud pública que representan los vacíos legales actuales, el Congreso del Estado pisó el acelerador para aprobar una nueva normativa que obligará a que estos procedimientos estéticos no quirúrgicos sean realizados exclusivamente por personal capacitado y en espacios que garanticen estrictas condiciones sanitarias.
Aunque la actual Ley de Salud estatal es rigurosa al prohibir que estéticas, spas y salones de belleza realicen cirugías plásticas —reservando el uso del bisturí únicamente para médicos especialistas certificados—, existe una peligrosa «zona gris» que ha permitido la proliferación de servicios invasivos de menor escala. Tratamientos de alta demanda como las infiltraciones, la inyección de toxina botulínica y el uso de equipos láser operan actualmente sin un marco regulatorio que proteja jurídicamente la integridad física de los pacientes frente a posibles negligencias.
Para poner orden en esta industria millonaria, la Comisión de Salud del recinto legislativo presentó este martes el anteproyecto de dictamen que busca regular la medicina estética. La propuesta unifica tres iniciativas impulsadas previamente por los diputados Guadalupe Santana Palma León y Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena, así como por el grupo parlamentario del Partido Sinaloense (PAS).

El secretario técnico de la comisión explicó que el objetivo central de esta fusión legislativa es trazar una línea clara: delimitar, por ley, las atribuciones, alcances y responsabilidades penales o administrativas de los establecimientos dedicados a la cosmetología y la medicina estética.
Durante la mesa de trabajo, encabezada por el diputado Santana Palma León y con la participación de los legisladores Jesús Angélica Díaz Quiñónez, Eligio López Portillo y Ambrocio Chávez Chávez, se detalló que el documento presentado es un borrador avanzado.
En los próximos días, los integrantes de la comisión someterán la iniciativa a observaciones, aportaciones técnicas y ajustes finales. Una vez nutrido, el dictamen definitivo será turnado al Pleno del Congreso para su discusión y eventual aprobación, marcando un precedente en la defensa de los derechos sanitarios de los usuarios sinaloenses.


