Guamúchil, Sin. — Una radiografía de crisis profunda en los rubros financiero, de seguridad y de honestidad gubernamental fue la que presentó la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa.
Durante una conferencia de prensa celebrada en la región del Évora, el líder estatal del tricolor, César Emiliano Gerardo Lugo, respaldado por el delegado del CEN, Roberto Padilla Márquez, echó mano de la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI para asegurar que el discurso oficial de la cuarta transformación está completamente disociado de la realidad local.
La numeralia del instituto autónomo colocó a la entidad en una posición crítica de desaprobación ciudadana, posicionando la gestión pública estatal entre los peores indicadores de transparencia a nivel nacional.
«Morena no es lo que prometió. El 88.6 por ciento de la población considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en Sinaloa, ubicando al estado como el cuarto peor evaluado en todo México. La confianza en el Gobierno del Estado apenas alcanza el 27 por ciento; es el segundo nivel más bajo del país», apuntó Gerardo Lugo.
De acuerdo con el informe expuesto, la tasa de víctimas de corrupción en la entidad ya alcanza las 19 mil 836 personas por cada 100 mil habitantes, un indicador que supera por amplio margen el promedio de la República Mexicana.
El PRI estatal vinculó el estancamiento de las actividades productivas con la incapacidad de las corporaciones para pacificar las calles, detallando que la entidad acumula ya un contador crítico de 625 días de violencia continua. El dirigente tricolor desglosó el impacto socioeconómico que ha golpeado el patrimonio familiar en las colonias y sindicaturas:
Pérdidas humanas y desapariciones: Un saldo de 2 mil 736 homicidios dolosos y 3 mil 742 personas cuyo paradero se desconoce.
Impacto patrimonial y comercial: El robo de casi 10 mil vehículos en territorio estatal y el asalto violento a más de 3 mil 700 establecimientos comerciales.
Quiebra técnica: El cierre definitivo de 4 mil 569 negocios y la consecuente pérdida de 30 mil empleos formales, generando un boquete financiero acumulado de 70 mil millones de pesos.
Ante este panorama, el diputado local Lauro Gallardo confirmó que desde la tribuna del Congreso del Estado se formalizó la solicitud de créditos blandos y subsidios de emergencia para los emprendedores de la región del Évora, quienes operan en números rojos.
En el plano de los servicios públicos, Gerardo Lugo catalogó como una urgencia social que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respete el acuerdo de no aplicar cortes del servicio a las tarifas domésticas mientras se revisan los cobros excesivos de la temporada de calor.
Exigió que el estado reciba el mismo beneficio tarifario que Sonora, extendiendo formalmente el subsidio del 1 de abril al 31 de octubre debido a las temperaturas superiores a los 40°C. «No puede haber estados de primera y de segunda», sentenció.
Por su parte, la secretaria general del PRI, Liliana Cárdenas Valenzuela, focalizó las acusaciones de anomalías administrativas en el municipio de Salvador Alvarado, revelando observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 2.3 millones de pesos relacionadas con opacidad en infraestructura sin padrón social y la falta de comprobantes en la entrega de uniformes policiales.
Cárdenas acusó también la retención ilegal de recursos destinados a fondos de trabajadores sindicalizados y agentes jubilados.
Finalmente, el líder de la CNC, Miguel Ángel López Miranda, alertó sobre el abandono presupuestal al campo sinaloense, urgiendo el despliegue inmediato de incentivos económicos para proteger los cultivos de 12 mil hectáreas de trigo en la región, un sector que enfrenta de igual forma los embates colaterales del panorama inflacionario y de seguridad.
