Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmó este sábado que los dos ciudadanos estadounidenses —presuntos agentes de la CIA— que perdieron la vida en un accidente automovilístico en Chihuahua el pasado domingo 19 de abril, operaban en territorio nacional sin ningún tipo de autorización federal. Además, se revelaron graves inconsistencias en su estatus migratorio.
De acuerdo con una tarjeta informativa emitida tras la revisión de los registros migratorios, uno de los agentes ingresó a México en calidad de visitante (turista), estatus que prohíbe estrictamente la realización de actividades laborales o tácticas.
El segundo funcionario contaba con un pasaporte diplomático; sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que ninguno de los dos estaba acreditado ni autorizado para participar en operaciones sobre el terreno.
Este hallazgo ha desatado un choque político entre el Gobierno de la República y la administración estatal de Chihuahua por la presencia clandestina de fuerzas extranjeras.
El siniestro en la sierra de Morelos
La madrugada del 19 de abril, un vehículo en el que viajaban autoridades estatales y los agentes estadounidenses se salió de la carretera en la zona serrana del municipio de Morelos, cayendo a un barranco donde posteriormente se incendió.
En el lugar fallecieron cuatro personas:
- Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.
- Un elemento operativo local de la AEI.
- Dos ciudadanos estadounidenses, extraoficialmente identificados en medios como Richard Latel Johnson y John Duty Black.
Choque de versiones: Federación vs. Estado
El incidente fatal destapó una operación encubierta que el Ejecutivo federal desconocía, generando un conflicto de declaraciones:
- La versión de Chihuahua: Inicialmente, la Fiscalía del Estado justificó la presencia de los estadounidenses argumentando que se encontraban impartiendo «capacitaciones sobre el uso de drones» a las fuerzas locales y que el viaje conjunto hacia la capital fue una mera coincidencia logística.
- La versión de la Presidencia: La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió categóricamente al gobierno estatal. En conferencia de prensa, la mandataria aclaró que los agentes no impartían cursos, sino que participaban activamente en un operativo táctico para la destrucción de laboratorios clandestinos de droga, una clara violación a la Ley de Seguridad Nacional, que limita la acción extranjera al intercambio de información.
Ruptura institucional y repercusiones
La falta de notificación al Gobierno Federal ha fracturado la relación entre Palacio Nacional y el gobierno de Chihuahua. La presidenta Sheinbaum anunció el cese de comunicación directa en materia de seguridad con la gobernadora María Eugenia Campos, designando al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, como único enlace institucional para el estado.
Por su parte, la Casa Blanca ha evitado profundizar en la controversia sobre la violación a la soberanía mexicana, limitándose a emitir un mensaje en el que solicita «compasión» ante la muerte de sus ciudadanos.
Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta para esclarecer tanto la mecánica del accidente como las probables violaciones a las leyes de seguridad nacional, en un caso que ha vuelto a poner bajo la lupa el nivel de injerencia de las agencias estadounidenses en México.
