Ciudad de México.- Los funcionarios de la Administración Pública Federal perdieron la facultad de reservar documentos gubernamentales de forma arbitraria.
Con un decreto presidencial firmado este martes 4 de agosto, el Gobierno de México acota el ocultamiento de datos exclusivamente a temas de seguridad nacional, interés público o procesos judiciales y administrativos en curso, y obliga a transparentar las compras estatales de forma mensual.
La medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca convertirse en una política de Estado inamovible.
Para blindar las acciones a largo plazo y evitar que queden en un esfuerzo temporal, la iniciativa se enviará al Congreso de la Unión al inicio del próximo periodo de sesiones para integrarla formalmente a la Ley General de Transparencia.
“Ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario. Hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente”, afirmó la mandataria.
La estrategia modifica la operación de las contrataciones públicas. Los reportes trimestrales desaparecen para dar paso a la publicación obligatoria de todos los contratos y convenios modificatorios cada treinta días.
“Actualmente se publica cada tres meses, lo vamos a publicar de manera mensual para que esté permanentemente actualizada toda la parte de contrataciones. Entonces, todos los contratos del Gobierno Federal se publicarán de manera mensual”, detalló Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El rigor de esta normativa alcanza de forma directa a las empresas productivas del Estado. Las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen ahora la instrucción de hacer públicos sus estados financieros, políticas de operación, esquemas de gobierno corporativo y los informes que presentan ante agencias extranjeras.
En paralelo, los órganos internos de control difundirán sus programas anuales de auditoría, el seguimiento de observaciones y el padrón de despachos externos contratados.
La implementación del decreto y el control tecnológico del mismo recaen en la dependencia que encabeza Buenrostro, la cual asumió la gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Tras superar la inestabilidad registrada durante el proceso de transferencia, el portal incorporará en un plazo máximo de 30 días hábiles nuevas herramientas para facilitar la descarga de bases de datos.
La Federación extendió una invitación formal para que otros poderes de la Unión y distintos niveles de gobierno se sumen de manera voluntaria a estas directrices de máxima publicidad.
“Esto está en la Constitución, está en los lineamientos, pero vamos a ser todavía más transparentes. Es la garantía de la transparencia en la información del Gobierno de México”, sentenció Sheinbaum Pardo sobre el reordenamiento de los mecanismos de fiscalización.
