Culiacán, Sin. — A poco más de un mes de la controversial remoción de su titular original, la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) entregó a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado su primer informe de actividades, en medio de la incertidumbre legislativa sobre la posible desaparición definitiva del organismo por duplicidad de funciones.
El documento fue presentado formalmente por Ignacio Campa Verduzco, quien asumió la titularidad como encargado de despacho el pasado 21 de abril, luego de que el pleno legislativo destituyera a Silvia Alejandra Pineda Prado, acusada de presunto incumplimiento sistemático en sus obligaciones sustantivas.
En su reporte ante los legisladores, Campa Verduzco confirmó que la estructura orgánica de la unidad opera actualmente con normalidad y al cien por ciento de su capacidad, manteniendo en activo las plazas de cuatro jefaturas de departamento, cinco auditores y una secretaria.
Asimismo, notificó a los diputados integrantes de la comisión —presidida por Eligio López Portillo— que el mobiliario, los equipos de cómputo y los inventarios de información magnética fueron recibidos sin alteraciones tras el cambio de mando. Agregó que el personal heredó diversos asuntos en trámite a los que ya se les da seguimiento, destacando que actualmente la UTE trabaja en dos productos de evaluación que registran un avance del 90 por ciento.
La entrega de este informe operativo ocurre mientras el Poder Legislativo aparentemente analiza el futuro de la dependencia. El pasado 1 de abril, al aprobar con 27 votos a favor el cese de Pineda Prado —quien ocupaba el puesto desde agosto de 2021—, la Comisión de Fiscalización advirtió que las labores operativas de esta unidad chocan y se empalman directamente con las atribuciones del Órgano Interno de Control.

El dictamen de destitución estableció como mandato transitorio iniciar un análisis a la normativa constitucional, legal y reglamentaria para transitar hacia la eventual extinción de este organismo, cuyo propósito original era vigilar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Mientras se define el futuro jurídico y presupuestal de la dependencia a través de una reforma, la UTE se mantiene desahogando el rezago administrativo bajo la supervisión directa de la Comisión de Fiscalización.


