A principios de enero de 2026, Estados Unidos volvió a encender las alarmas en la comunidad jurídica internacional.
La decisión del presidente Donald Trump de retirar al país de un tratado climático clave de la ONU no solo provocó críticas ambientales o tensiones diplomáticas. Abrió una herida más profunda: ¿hasta dónde puede llegar el poder de un presidente cuando decide, por sí solo, dar marcha atrás en un compromiso que su país firmó con el mundo?
Suena simple, pero es incómodo: ¿puede un solo hombre deshacer lo que un Estado prometió colectivamente?
Los tratados no son caprichos personales
Un tratado internacional no es un tuit, ni una promesa de campaña. Es un acto serio, formal, con peso jurídico. Cuando un país firma un tratado, no lo hace como si estuviera firmando un recibo: se compromete ante otros Estados, ante instituciones globales, y —sobre todo— ante sus propios ciudadanos.
En Estados Unidos, como en muchas democracias, los tratados siguen un camino claro: los negocia el Ejecutivo, los aprueba el Senado y, una vez ratificados, obligan al país más allá de quién esté en la Casa Blanca. No son de un gobierno, sino del Estado mismo.
Por eso, cuando un presidente decide salirse de uno sin consultar, sin justificar legalmente, sin respetar ese proceso… el problema ya no es solo climático o diplomático. Se vuelve constitucional. Y profundamente democrático.
Soberanía… ¿o arbitrariedad?
Desde la política, suena fuerte y patriótico: “Estados Unidos decide por sí mismo”. Pero desde el derecho, suena peligroso: si hoy se puede salir de un acuerdo climático, mañana podría hacerse con uno sobre derechos humanos, armas nucleares o refugiados.
Si los tratados dependen del humor de quien gobierna, entonces dejan de ser garantías y se vuelven meras sugerencias. El derecho internacional no debería ser un traje que uno se pone o quita según le convenga.
La tentación de la inmediatez
Vivimos en una era de decisiones rápidas, de respuestas instantáneas. Pero los tratados no fueron hechos para eso. Fueron diseñados para durar, para dar previsibilidad, para construir confianza entre naciones.
Romperlos sin controles, sin debate, sin rendir cuentas… envía un mensaje claro al mundo: “Mis promesas valen mientras yo esté en el poder”. Y eso mina la base misma de la cooperación internacional.
Un precedente que se vuelve norma
Hoy es el clima. Mañana podría ser cualquier otra cosa.
Y cuando una potencia como Estados Unidos normaliza esta práctica, otros países —con menos escrutinio, con instituciones más débiles— también se sienten autorizados a hacerlo. Pero sin las mismas consecuencias.
Aquí está el punto que nos toca de cerca: ¿por qué debería importarnos esto en México?
Porque nosotros también vivimos esa tensión constante: entre cumplir lo acordado y ceder a la presión del momento; entre el derecho y el discurso político; entre lo que prometimos al mundo y lo que parece conveniente hoy.
Cuando un país poderoso muestra que la ley se puede doblar, los más vulnerables pagan el precio más alto. Porque para muchos Estados —como el nuestro— el derecho internacional no es un lujo: es un escudo. Una forma de equilibrar las asimetrías frente a los gigantes.
Al final, no se trata de si puede, sino de si debe
La verdadera pregunta no es si un presidente tiene el poder político para romper un tratado. Es si debería tenerlo sin límites legales.
Porque cuando los compromisos internacionales se vuelven opcionales, el derecho internacional deja de proteger y se convierte en una formalidad vacía. En papel mojado.
En un mundo donde el poder cada vez tiene menos paciencia con la ley, defender los procedimientos no es burocracia: es resistencia. Es proteger el último dique contra la arbitrariedad.
Porque la ley no desaparece de golpe cuando la política avanza sin freno. Pero poco a poco… deja de mandar.
