Fernando Castillo

De pronto, el gobierno federal se volvió garantista. La presidenta Sheinbaum exigió pruebas sólidas y debido proceso ante las acusaciones de EE.UU. contra Rocha Moya. El mismo garantismo que brilló por su ausencia durante años con miles de ciudadanos detenidos sin pruebas.

En Culiacán, la continua presencia militar busca reforzar la seguridad, pero el uniforme no anula los derechos constitucionales de los ciudadanos.

En Sinaloa, la legítima defensa es un derecho reconocido, pero debe acreditarse con cuatro requisitos estrictos. Actuar por instinto puede salvarte la vida, pero no siempre te salva de la cárcel. Exceso de fuerza o falta de pruebas puede llevarte a juicio aunque hayas sido la víctima.

En Sinaloa, manejar sin placas no es delito, pero lo tratan como si lo fuera.

Cuando Donald Trump retiró a EE.UU. de un tratado climático en 2026, no solo rompió un acuerdo: puso en jaque la idea misma del derecho internacional.

Hoy fue Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro Estado con instituciones débiles.

La Fiscalía General de la República (FGR) se ha convertido en un edificio lejano, burocrático y hermético. La pregunta es: ¿cómo vuelves cercana a una institución que durante años se ha sentido ajena al ciudadano común?

En México nos encanta repetir que tenemos división de poderes, que los jueces son autónomos, que la justicia es imparcial. Lo decimos convencidos… hasta que un caso incomoda al poder político.

Las redes sociales ardieron, los titulares explotaron, y la gente exigió cárcel inmediata. Sin embargo, la decisión del juez fue legal. Incómoda, sí. Impresentable para el sentido común, también. Pero ajustada al sistema penal mexicano.

El anuncio del gobernador de Sinaloa sobre la falta de recursos para cubrir pensiones revela un problema estructural: la omisión estatal en cumplir con obligaciones básicas de seguridad social.