Culiacán, Sinaloa.- El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa emitió un enérgico posicionamiento tras el hallazgo de una corona fúnebre a las afueras del domicilio de la diputada Paola Gárate. La dirigencia calificó el hecho como una «agresión inaceptable» que contribuye a enrarecer el clima político y social del estado, exigiendo una investigación exhaustiva e inmediata.
A través de un comunicado oficial, el partido manifestó su total respaldo y solidaridad hacia la legisladora y su familia, advirtiendo que lo sucedido «no puede minimizarse ni normalizarse» en una entidad que ya se encuentra fuertemente golpeada por la violencia.
El documento destaca que este acto de intimidación ocurre en un contexto de advertencias previas que fueron ignoradas. De acuerdo con el PRI Sinaloa, tanto el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, como el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ya habían solicitado oportunamente medidas de seguridad y protección para la diputada, previendo riesgos contra su integridad.
- El partido denunció que, pese a las solicitudes formales de seguridad, ha transcurrido el tiempo y «no existe una respuesta eficaz de las autoridades». Asimismo, la dirigencia fue categórica al señalar que «la omisión de los gobiernos de Morena es grave», argumentando que el partido no está dispuesto a esperar a que ocurra una tragedia para que las autoridades actúen.
El PRI estatal hizo un llamado a las instancias competentes para realizar una investigación seria, profesional y transparente que logre identificar a los responsables, aplicando la ley sin consideraciones ni distinciones políticas.
«En Sinaloa no podemos permitir que la violencia sustituya al diálogo ni que las amenazas pretendan silenciar voces críticas», sentenció el Comité Directivo Estatal en su declaratoria.
Finalmente, la cúpula priista reiteró que el deber fundamental de las instituciones es garantizar condiciones de paz y legalidad, subrayando que la democracia se debilita cuando operan la intimidación y el miedo contra quienes ejercen su derecho a participar en la vida pública del estado.
