Culiacán, Sinaloa– Ante una resolución electoral catalogada como un riesgo inminente para el debate público, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnará por la vía legal el fallo emitido contra su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas.
En paralelo, la estructura del partido en Sinaloa lanzó una convocatoria a la academia, el periodismo y la sociedad civil para conformar un frente común que frene los intentos de censura desde las instituciones del Estado.
La sanción administrativa encendió las alarmas dentro del partido tricolor, el cual exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) garantizar absoluta imparcialidad y evitar tratamientos diferenciados hacia los distintos actores políticos.
Para César Emiliano Gerardo Lugo, presidente del Comité Directivo Estatal sinaloense, la medida representa un precedente preocupante que amenaza directamente la crítica política y la exigencia ciudadana hacia el gobierno.
Mientras la cúpula nacional del PRI prepara los recursos legales pertinentes para revertir las restricciones que consideran inconstitucionales, el liderazgo en Sinaloa ratificó su respaldo irrestricto a Moreno Cárdenas.
La dirigencia local rechazó cualquier iniciativa legislativa o administrativa que otorgue mayores facultades al aparato estatal para controlar la discusión pública, al advertir que el país requiere expandir sus libertades, no limitarlas.
El líder partidista en la entidad detalló que mantendrán los señalamientos públicos sobre las crisis que golpean a las familias mexicanas, particularmente en temas de violencia e inseguridad, para obligar a la rendición de cuentas.
En este sentido, sentenció: “fortaleceremos nuestra comunicación con la sociedad utilizando todos los medios legales para informar, denunciar y contrastar ideas. Además, convocamos a las fuerzas democráticas, a la academia, al periodismo y a la sociedad civil a construir un frente común en defensa de la libertad de expresión, la pluralidad y la democracia”.
Lejos de silenciar los reclamos, el comité estatal advirtió que la fiscalización sobre el actuar gubernamental continuará intacta dentro del marco legal. El partido concluyó que las libertades en México no pueden dictaminarse mediante resoluciones administrativas y alertó que el golpe que hoy recibe una fuerza política, mañana podría replicarse contra cualquier ciudadano que decida ejercer su derecho a expresarse.
