Culiacán, Sinaloa.- La validación de la reciente reforma electoral impulsada por Morena desató un fuerte reclamo desde la tribuna del Congreso del Estado. La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate Valenzuela, justificó su voto en contra de la minuta, calificándola como una «reforma exprés» diseñada con fines políticos para permitir la anulación de procesos electorales bajo criterios ambiguos disfrazados de defensa a la soberanía nacional.
Durante la sesión extraordinaria, la legisladora criticó severamente el procedimiento de aprobación fast track, advirtiendo que el Poder Legislativo local está perdiendo su autonomía al aprobar dictámenes sin el rigor necesario.
«A los congresos locales no se les debe tratar como oficialías de partes», sentenció, subrayando que la labor de los diputados es revisar el marco legal con responsabilidad y no acatar instrucciones a ciegas desde el centro del país.
Gárate Valenzuela argumentó que, si bien nadie respalda la intervención extranjera en la democracia mexicana, la reforma de Morena no fortalece las instituciones, sino que genera incertidumbre jurídica y siembra el terreno para cuestionar futuras derrotas electorales del partido en el poder.
El punto más álgido de su participación se centró en la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa. La legisladora acusó directamente al partido oficial de priorizar una supuesta amenaza exterior mientras tolera y se beneficia de la injerencia de los cárteles en los procesos democráticos locales.
«Aquí Morena pacta con los criminales para ganar elecciones, esa sí es injerencia. Esa es la intervención que Morena evita nombrar con la misma fuerza, pero para los narcos: silencio, evasivas y abrazos. Les preocupa que una voz extranjera influya en una elección, pero no les preocupa que grupos criminales impongan miedo en regiones enteras del país; les preocupa la presión que viene desde fuera, pero no la presión armada que se vive dentro», sostuvo.
Finalmente, la diputada priista reiteró que su fracción parlamentaria rechazó la reforma al considerar que utiliza la soberanía como un pretexto político, y lanzó un llamado urgente a las instituciones del Estado para centrar sus esfuerzos en garantizar elecciones genuinamente libres de violencia y del control territorial del crimen organizado.
