Culiacán, Sinaloa.— La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, anunció que promoverá un juicio político contra Rubén Rocha Moya, al tiempo que exigió al Congreso del Estado evitar que el gobernador pueda regresar al cargo tras solicitar una nueva licencia indefinida.
Desde el Pleno del Congreso, la legisladora cuestionó el episodio ocurrido después de que Rocha Moya retomara la gubernatura tras 112 días de licencia y permaneciera alrededor de 34 horas en funciones antes de solicitar nuevamente su separación del cargo.
Gárate Valenzuela sostuvo que Sinaloa requiere una transición política y no una continuidad de la estructura que, desde su perspectiva, ha encabezado el actual gobierno.
“La gubernatura de Sinaloa no puede abrirse y cerrarse según la conveniencia de una persona”, afirmó.
La diputada consideró que la definición de quien ocupará temporalmente el Poder Ejecutivo no debe quedar únicamente en manos de Morena, y planteó que en el proceso sean considerados sectores empresariales, trabajadores, universidades, organizaciones sociales y colectivos de víctimas.
También cuestionó el periodo de 112 días en que Yeraldine Bonilla Valverde estuvo al frente del Gobierno estatal como gobernadora interina, al considerar que durante ese lapso no hubo una transición real.
“Fue una pausa administrativa, no una transición”, sostuvo.
La legisladora vinculó la incertidumbre política con la situación de seguridad y economía que enfrenta Sinaloa.
Como parte de sus argumentos, señaló que Culiacán registró una percepción de inseguridad de 90.8 por ciento y afirmó que durante julio de 2026 el estado contabilizó 21 mil 316 empleos formales menos que en el mismo mes de 2024.
A juicio de Gárate Valenzuela, estos indicadores representan afectaciones para familias, comercios y trabajadores, por lo que demandó recuperar la estabilidad política y fortalecer la capacidad institucional del estado.
La priista informó que presentará formalmente ante el Congreso una denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya, con la intención de que se determine su responsabilidad política y, en su caso, se establezcan las sanciones correspondientes conforme a la legislación.
Explicó que la nueva licencia del gobernador no debería impedir que se revise su actuación durante el periodo en que estuvo al frente del Ejecutivo estatal.
También sostuvo que el procedimiento político es independiente de cualquier investigación penal y que el Congreso puede analizar la responsabilidad política del mandatario sin esperar una resolución de autoridades extranjeras.
Gárate Valenzuela advirtió que la nueva licencia tampoco debería utilizarse para cerrar o archivar el procedimiento, debido a que Rocha Moya conserva la posibilidad jurídica de regresar al cargo.
“Ya lo hizo una vez. Después de 112 días volvió por decisión propia y pretendió retomar el gobierno como si nada hubiera ocurrido”, señaló.
La diputada consideró que el juicio político y la designación del próximo gobernador interino deben formar parte de una ruta para superar la incertidumbre que atraviesa Sinaloa.
Finalmente, llamó a las y los diputados a ejercer sus facultades como Poder del Estado y no responder únicamente a intereses partidistas.
“Hoy este Congreso debe decidir si protege la continuidad de un grupo o abre una transición para proteger a Sinaloa”, concluyó.
