Ciudad de México.– Un incremento real del 0.3% en los recursos federales mantiene en una situación crítica a la entidad, según advirtió la senadora Paloma Sánchez Ramos, quien exigió una partida extraordinaria de 8 mil millones de pesos para hacer frente a la crisis de seguridad y económica que atraviesa el estado.
Desde la tribuna legislativa, la representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que la propuesta proyectada para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 ignora las necesidades prioritarias de los sectores productivos y sociales locales.
Las reducciones presupuestales golpean áreas clave como la infraestructura educativa, la sanidad agropecuaria y la protección a sectores vulnerables en un contexto marcado por la violencia.
El análisis financiero presentado por la legisladora detalla recortes por 719 millones de pesos destinados a obras en escuelas y una disminución de 116 millones de pesos en los fondos para la sanidad e inocuidad del campo.
Asimismo, los programas dirigidos a las mujeres enfrentarán una baja de 24.8 millones de pesos, pese a que el estado registra altos índices de violencia de género.
En el sector hídrico, los subsidios para el agua sufrirán un desplome del 50.8%, quedando una asignación propuesta de 90.1 millones de pesos para el próximo año. Sánchez Ramos sostuvo que estas cifras profundizan la parálisis económica, dificultando la recuperación de empleos y la protección de las familias locales.
Durante su intervención, la senadora cuestionó que el Gobierno federal presuma aumentos presupuestales a nivel general mientras desatiende las demandas locales, criticando además el crecimiento de 1.7 billones de pesos en la deuda pública proyectada para el siguiente año.
“En Sinaloa estamos desesperados por tener algo de ayuda de la Federación, pero el presupuesto 2027 es otro recordatorio de que, para Morena, Sinaloa no existe”, afirmó Paloma Sánchez.
La postura respaldada por sectores económicos como el Colegio de Economistas de Sinaloa y la COPARMEX recalca la urgencia de reasignar fondos federales para mitigar los estragos de la violencia y reactivar la economía regional antes de la aprobación definitiva del gasto público.
