Hay números que no cuadran y hay números que mienten. Los de Demoscopia Digital sobre Ana Miriam Ramos caen en algún punto entre los dos.
El 1 de mayo de 2026, el Cabildo de Culiacán la designó presidenta municipal interina. No llegó por elección. No llegó por una carrera construida en la política. Llegó porque Juan de Dios Gámez Mendívil, señalado por Estados Unidos de tener vínculos con Los Chapitos, pidió licencia. Desde ese momento, cualquier encuesta de aprobación sobre ella ya enfrenta un problema de origen: ¿cuánta gente en Culiacán sabe quién es Ana Miriam Ramos?
Hagamos el recuento. Licenciada en Mercadotecnia por UNIVER del Pacífico. Trabajó en Banregio entre 2013 y 2017, de cajera a ejecutiva de crédito automotriz. Luego cinco años como ejecutiva PyME en Banca Afirme. Sin militancia, sin candidaturas, sin ningún episodio visible en la vida pública de Sinaloa.
En 2022 Gámez la incorporó al ayuntamiento como directora de Recursos Humanos. Pasó a síndica procuradora en 2024. Y este año aterrizó en la presidencia interina. No hay nada reprobable en esa historia, pero tampoco hay nada que justifique pensar que la ciudadanía la conoce lo suficiente para evaluarla.
Eso es lo que hace tan raro el número de Demoscopia Digital: 50.8% de aprobación en junio de 2026, tercer lugar entre los alcaldes mejor evaluados del estado, apenas semanas después de tomar protesta. Un medio local que publicó los datos tuvo que aclarar que «era la primera vez que ella aparecía en el ranking». Entonces surge la pregunta más elemental: ¿Cómo califica la ciudadanía a alguien que no conoce?
No es la primera vez que esto pasa con Demoscopia y el ayuntamiento de Culiacán. En marzo de 2026, la misma empresa le daba a Gámez Mendívil el primer lugar de aprobación en el estado, 56.6%. Fue antes de que reventara el escándalo con Washington. El patrón es el mismo: la llegada al poder, seguidos de los números espléndidos de Demoscopia.
¿Quién es Demoscopia Digital? La empresa dice en su sitio tener 20 años de experiencia. Su dominio fue registrado en 2020. Su domicilio fiscal está vinculado a varias empresas. No publica el tamaño de muestra de sus encuestas, no publica el margen de error, no dice quién las financia.
En 2023 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le levantó una amonestación pública porque difundió encuestas en la elección del Estado de México sin declarar quién las pagó ni bajo qué metodología. El TEPJF fue directo: ese tipo de opacidad hace que la gente reciba información sin bases objetivas.
¿Y la ley? Aquí viene lo que más incomoda. En México las encuestas electorales (en teoría) sí tienen reglas: patrocinador, ejecutor, universo, método de muestreo, muestra, margen de error, todo declarado. Pero fuera de campaña no existe ninguna obligación. Una empresa puede decir que el 90% de Culiacán adora a su alcaldesa y no hay autoridad que le pida mostrar cómo llegó a ese número. El único control real es el periodismo que se hace las preguntas correctas.
Ramos Villarreal declaró que la encuesta la compromete a seguir trabajando por los culiacanenses. Frase de manual. Lo que ningún funcionario dice cuando le ponen un número bueno enfrente es: ¿a quién le preguntaron? ¿Cuántos? ¿Cómo los contactaron? ¿Quién pagó por saberlo? Que el ayuntamiento salga a presumir los datos de Demoscopia sin que nadie haga esas preguntas no habla bien del gobierno. Tampoco de algunos medios.
Culiacán lleva meses en una de sus crisis más difíciles. Su alcalde titular enfrenta acusaciones desde Washington. La ciudad vive una inseguridad que la gente siente cada día. En ese escenario, publicar que la alcaldesa interina, recién llegada y sin trayectoria pública conocida, ya supera el 50% de aprobación no es información. Es el tipo de cosa que se publica para que la gente hable de otra cosa.
