El reciente reconocimiento del gobernador Rubén Rocha Moya respecto a la imposibilidad financiera de cubrir en tiempo las pensiones de los trabajadores del Estado de Sinaloa coloca al gobierno en una posición jurídica compleja.
No se trata solo de un problema presupuestal, sino de un posible incumplimiento de deberes patronales y de seguridad social que podría tener consecuencias legales y administrativas.
Las retenciones salariales destinadas al fondo de pensiones —ya sea del ISSSTESIN o del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa— constituyen recursos parafiscales.
Su omisión o desviación afecta directamente el derecho adquirido de los trabajadores y vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. El Estado, en su doble papel de patrón y administrador, no puede alegar insolvencia frente a una obligación de carácter alimentario como la pensión.
Desde el punto de vista jurídico, la falta de entero de cuotas y aportaciones configura una omisión patronal que puede derivar en responsabilidad administrativa e incluso penal.
El artículo 295 de la Ley del ISSSTESIN y el artículo 100 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado establecen con claridad la obligación de retener y entregar las aportaciones en tiempo.
La ausencia de esos recursos compromete la estabilidad actuarial del sistema y genera un pasivo laboral de gran magnitud.
El aspecto político no es menor. La crisis de confianza en los sistemas de pensiones estatales refleja la fragilidad de la gobernanza financiera local. Durante años, las administraciones han utilizado los fondos de pensiones como válvula de escape presupuestal, posponiendo un colapso que ahora se hace visible.
Los trabajadores y jubilados no reclaman dádivas: exigen el cumplimiento de un derecho que financiaron con décadas de servicio público.
En términos de responsabilidad pública, la omisión en el manejo de aportaciones podría implicar daño patrimonial al erario y dar lugar a procedimientos ante la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.
El mensaje político debe ser claro: no puede haber austeridad a costa de los jubilados.
La solución requiere un diagnóstico actuarial independiente, un plan financiero de amortización de la deuda y, sobre todo, transparencia total en el manejo de los fondos. Sin una rendición de cuentas efectiva, el sistema colapsará no por falta de recursos, sino por exceso de opacidad.
“Cuando el Estado retiene cuotas y no las entrega, no hay déficit: hay incumplimiento. Y en materia de pensiones, el incumplimiento es una forma de injusticia.”
