Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció este miércoles que la investigación iniciada contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas señaladas por el Gobierno de Estados Unidos, aún no cuenta con el parámetro probatorio mínimo que exige el derecho mexicano para proceder, por lo que la indagatoria permanece en curso.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que el expediente es integrado por la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas, mientras que David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que la carpeta de investigación fue abierta a partir de la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos.
El funcionario precisó que dicha solicitud constituye únicamente el punto de partida de la investigación y aclaró que los delitos incluidos en ese documento no representan una conclusión sobre la responsabilidad de las personas señaladas.
“No ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”, afirmó Bone de la Garza.
La FGR informó que las diligencias realizadas hasta ahora incluyen entrevistas ministeriales a las diez personas señaladas, así como la recopilación de informes y otros datos de prueba. Sin embargo, no precisó si las autoridades estadounidenses han entregado información adicional que fortalezca la investigación.
Por su parte, Ernestina Godoy descartó que alguno de los señalados pueda ser entregado a Estados Unidos mediante el procedimiento utilizado en anteriores casos relacionados con la Ley de Seguridad Nacional, al señalar que aquellas personas ya contaban con órdenes de aprehensión y procesos judiciales vigentes, situación que no ocurre en este caso.
La fiscal también indicó que la institución no ha ampliado la investigación a posibles delitos patrimoniales o financieros, como el análisis de cuentas bancarias, bienes o redes familiares de los involucrados, debido a que la indagatoria se limita exclusivamente a los hechos contenidos en la solicitud de extradición presentada por el Gobierno estadounidense.
El caso se originó luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntamente recibir sobornos y colaborar con una organización criminal para el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Tras hacerse pública la acusación, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador. El Congreso del Estado aprobó su separación temporal por más de 30 días y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, con lo que el exmandatario dejó de contar con la inmunidad procesal derivada de su cargo.
