Colaboración especial: Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de Letra Roja.
Mientras Washington exige a México desmantelar sus organizaciones criminales, sus propias agencias federales reconocen que dentro de Estados Unidos operan mafias, pandillas, organizaciones penitenciarias y redes criminales que constituyen un componente esencial para que el crimen organizado transnacional opere con éxito en su territorio.
Estados Unidos tiene dos frentes abiertos: el de los cárteles extranjeros y el de un vasto entramado de organizaciones criminales propias que distribuyen drogas, lavan dinero, extorsionan, trafican personas, asesinan, controlan cárceles, manipulan apuestas y sostienen mercados ilegales dentro de su territorio. Pfffff
Pero el gobierno de Donald Trump centra el discurso en demandar a México “hacer su parte”: filtran información a medios de alta reputación aunque después no se confirme, atacan a políticos, al gobierno o envían emisarios para decir lo que la administración federal no puede decir… pero difícilmente los informes de la operación de sus propias mafias ocupan el centro del discurso político con la intensidad que se dedica a los cárteles mexicanos.
Desde el arranque de los gobiernos de Trump, Washington ha construido una narrativa en la que el crimen organizado parece tener un solo origen: el exterior, particularmente México. Y los cárteles mexicanos ocupan el centro del discurso político de derecha y ultraderecha, de las campañas electorales, de las conferencias de prensa y de las estrategias de seguridad.
Desde esa lógica, pareciera que la violencia, el tráfico de drogas y buena parte de los problemas asociados al narcotráfico comienzan al sur del Río Bravo. Pero basta revisar los documentos oficiales del propio gobierno estadounidense para descubrir una realidad más compleja y que no llevan al discurso por no ser rentable para sus fines políticos.
El catálogo del crimen organizado estadounidense incluye organizaciones penitenciarias como La Eme (Mexican Mafia), Texas Mexican Mafia y Aryan Brotherhood; pandillas como Barrio Azteca, Westside Wilmas, Sureños, Bloods, Crips, Gangster Disciples, Latin Kings y MS-13; organizaciones motociclistas como Hells Angels, Bandidos y Mongols; además de estructuras históricas como La Cosa Nostra y las Five Families, junto con mafias de origen ruso, europeo y asiático… y todas están ahí operando cotidianamente sin anuncios de operaciones a gran escala para desmantelarlas.
Más allá de su relación con organizaciones como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o del Golfo —que operan en todo Estados Unidos y concentran buena parte de la atención de Washington, al menos en el discurso—, esa narrativa se ha convertido en una herramienta para arremeter una y otra vez contra el gobierno mexicano.
Es un discurso del que también se han colgado sectores de la oposición para desgastar a los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Los propios informes del gobierno estadounidense cuentan una historia diferente a la que tienen en su propia casa.
La DEA, el FBI y el Departamento de Justicia reconocen que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación mantienen presencia en territorio estadounidense. El National Drug Threat Assessment 2024 de la DEA ilustra esa presencia mediante mapas nacionales de operación.
Pero esos mismos documentos explican que esa capacidad depende de organizaciones estadounidenses de tráfico de drogas, pandillas callejeras, pandillas penitenciarias y distribuidores locales. Sin esa infraestructura criminal doméstica, los cárteles no podrían distribuir drogas, lavar dinero ni controlar mercados ilícitos.
No se trata de estructuras marginales sino de organizaciones con décadas de historia, capacidad económica, presencia regional y control sobre mercados ilegales que rebasan con mucho el narcotráfico. Desarrollan sus propias actividades delictivas y, al establecer alianzas con mafias de distintas regiones del mundo, amplían y diversifican sus operaciones.
En sus reportes públicos, la DEA sostiene que los grandes cárteles no distribuyen directamente las drogas dentro de Estados Unidos y que dependen de organizaciones locales que reciben, almacenan, transportan y comercializan los cargamentos una vez que cruzan la frontera, esto al además de los giros negros que dominan.
El FBI, por su parte, tampoco describe un país que únicamente combate amenazas provenientes del extranjero. Mantiene divisiones especializadas contra el crimen organizado tradicional y el crimen organizado transnacional porque reconoce la existencia de organizaciones domésticas capaces de todo. Pero eso no lo llevan al discurso, como si no existiera.
No nos hagamos tontos, bueno, no se hagan tontos; existe una infraestructura criminal nacida dentro de Estados Unidos que facilita operaciones, protege cargamentos, mueve recursos financieros, controla territorios urbanos y hace rentable el mercado ilícito de cualquier giro negro. Sin esa red doméstica, la capacidad operativa de cualquier organización criminal extranjera sería considerablemente menor.
Ojo, hay que aclararlo: nada de esto disminuye la responsabilidad de los cárteles mexicanos ni pretende establecer falsas equivalencias entre los problemas de seguridad de ambos países; pero sí debería ampliarse el enfoque de una discusión que con demasiada frecuencia se reduce a señalar hacia el sur sin reconocer lo que hay en el patio propio.
Hay un hecho que las propias autoridades estadounidenses documentan de manera sistemática: el crimen organizado que hoy enfrenta Norteamérica no puede entenderse como un fenómeno exclusivamente importado. Es una estructura transnacional que se sostiene gracias a organizaciones criminales asentadas a ambos lados de la frontera.
Mientras el discurso político insiste en señalar hacia el sur, los informes de la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia describen una realidad mucho más incómoda: el crimen organizado también habla inglés pero sin una eficacia que desmonte la operación de los grupos criminales que han encontrado en Estados Unidos el sueño americano.
RADAR
DIEZ AÑOS. Diez años después de los hechos ocurridos en el Hospital Español de Veracruz, el expediente por la presunta negligencia médica denunciada por Alin Patricia López y Felipe Ángel Rodríguez Solís sigue abierto, pese a que un juez de primera instancia ya condenó a la Sociedad Española de Beneficencia al pago de una indemnización.
El origen del litigio se remonta al 22 de marzo de 2016, cuando Alin Patricia López ingresó al Hospital Español de Veracruz para dar a luz a su hijo. De acuerdo con la demanda presentada ante los tribunales, una presunta sobredosis de anestesia, la falta de monitoreo y la ausencia de atención médica oportuna derivaron en complicaciones que casi terminan en tragedia.
La familia sostiene que la institución ha recurrido a distintos medios legales para retrasar el cumplimiento de la sentencia y prolongar un litigio iniciado en 2016. Para Alin y Felipe la batalla dejó de ser únicamente por una indemnización; hoy buscan evitar que otra familia vuelva a enfrentar una historia similar.
Más allá del monto de una eventual reparación, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate que trasciende a las partes: la duración de los procesos civiles cuando ya existe una resolución favorable para las víctimas.
En el papel, la justicia llegó; en los hechos, sostienen los afectados, sigue pendiente su cumplimiento. Diez años después, el expediente continúa abierto y la pregunta permanece: ¿hasta dónde puede prolongarse un litigio antes de que la justicia deje de ser realmente oportuna?
