Ciudad de México.— Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva a ocho personas señaladas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una investigación relacionada con un esquema de importación, distribución y comercialización irregular de combustibles, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante una audiencia que se prolongó por más de un día, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba y formuló imputación contra Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”.
Como resultado, el juez determinó que Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanezcan en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” cumplirán la medida cautelar en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá internada en el Centro Penitenciario Nezahualcóyotl Sur.
La FGR informó que, tras el debate entre las partes, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será posteriormente cuando se defina su situación jurídica.
De acuerdo con la investigación, las detenciones fueron realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y derivan de una indagatoria de alta complejidad sobre presuntas operaciones irregulares de importación de productos derivados del petróleo.
La autoridad federal explicó que el esquema investigado consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando menores volúmenes de los realmente transportados o declarando la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos.
La FGR sostuvo que estas prácticas generan pérdidas económicas para el Estado mexicano y, además, representan una posible fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
La institución recordó que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
