Culiacán, Sinaloa.- La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa pidió transparentar el origen de los recursos y los intereses que respaldan la campaña internacional en contra de la planta de fertilizantes de GPO en Topolobampo, al considerar que el debate debe incluir no sólo los aspectos ambientales, sino también la procedencia del financiamiento de quienes buscan frenar el proyecto.
El secretario general de la organización, Agustín Espinoza Laguna, señaló que, ante la crisis que enfrenta el sector agrícola por los altos costos de producción, los bajos precios del maíz y el trigo y la falta de políticas de apoyo para la agricultura comercial, resulta preocupante que existan movilizaciones fuera del país para impedir una inversión que, afirmó, podría contribuir al abasto nacional de fertilizantes.
El dirigente campesino cuestionó que organizaciones internacionales destinen recursos para ejercer presión sobre organismos financieros con el propósito de frenar el desarrollo de la planta, por lo que consideró necesario conocer quién financia estas acciones, quién las coordina y cuáles son los intereses económicos, políticos o ideológicos detrás de la oposición.
Agustín Espinoza Laguna sostuvo que, así como se exige a la empresa promotora cumplir con la legislación ambiental y transparentar los estudios de impacto, también debe existir claridad sobre las fuentes de financiamiento, las alianzas internacionales y los actores que impulsan la campaña para detener el proyecto.
Añadió que resulta inusual que un conflicto de carácter regional haya llegado a instancias internacionales, incluso con manifestaciones en Alemania, para intentar obstaculizar el financiamiento de la planta de fertilizantes.
“No vemos manifestaciones internacionales por los precios ruinosos del maíz y del trigo. No vemos campañas globales por el cierre de miles de unidades de producción. No vemos protestas frente a los bancos por el endeudamiento de las familias campesinas”, expresó.
El líder de la COUC afirmó que los productores continúan dependiendo de fertilizantes importados, lo que mantiene altos costos, incertidumbre y pérdida de competitividad, mientras que quienes se oponen al proyecto, dijo, no han presentado alternativas para garantizar el suministro de este insumo estratégico.
Finalmente, consideró que la discusión debe incorporar el impacto económico, social y en materia de seguridad alimentaria, además de los aspectos ambientales, y reiteró que cualquier decisión debe sustentarse en evidencia científica, el cumplimiento de la legislación vigente y la transparencia de todos los actores involucrados.
“El futuro del campo mexicano no puede decidirse desde oficinas internacionales; primero debe escucharse la voz de quienes todos los días trabajan la tierra”, concluyó.
