Culiacán, Sinaloa.- El Congreso de Sinaloa designó por unanimidad a Ignacio Guadalupe Campa Verduzco como titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño, durante la Sesión Extraordinaria de este miércoles, y posteriormente le tomó protesta para asumir el cargo.
La designación ocurrió a propuesta de la Comisión de Fiscalización, después de concluir el proceso de selección establecido mediante convocatoria pública. El dictamen señala que Campa Verduzco formó parte de los tres aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y avanzaron a las siguientes etapas.
Además de Campa Verduzco, el proceso incluyó a Esteban Jesús Carlos Palafox y Jesús Manuel Martínez Pérez. La Comisión de Fiscalización evaluó los expedientes, perfiles profesionales, proyectos de trabajo, comparecencias y respuestas presentadas por los participantes.
El dictamen estableció que la designación requería el voto de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes, conforme a las disposiciones de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. El Pleno finalmente aprobó el nombramiento por unanimidad.
Tras rendir protesta ante el Congreso, Ignacio Guadalupe Campa Verduzco asumió formalmente la titularidad de la Unidad de Evaluación del Desempeño, con un periodo de cuatro años.
La legislación contempla la posibilidad de que el funcionario sea nombrado nuevamente por un periodo similar, siempre que exista una propuesta de la Comisión de Fiscalización y la posterior aprobación del Pleno del Congreso.
Contexto: de la desaparición de la Unidad a un nuevo nombramiento
Silvia Alejandra Pineda Prado fue la primera titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) del Congreso de Sinaloa, un órgano creado específicamente para vigilar y auditar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Fue destituida formalmente el 1 de abril de 2026 por el Pleno del Congreso estatal, en medio de acusaciones cruzadas de ineficiencia y venganza política.
Con 27 votos a favor y 6 en contra, la mayoría legislativa validó el 1 de abril de 2026 un dictamen que justifica el cese de la funcionaria por presunta ineficiencia y constantes omisiones en el ejercicio de sus labores. Las comisiones encargadas del proceso aseguraron que la baja se realizó en apego estricto a la legalidad y subrayaron que se respetó el derecho de audiencia de la acusada en todas las etapas del procedimiento.
Sin embargo, la exfuncionaria ofreció una versión diametralmente opuesta y advirtió sobre un golpe a la rendición de cuentas en la entidad.
«Me destituyeron por auditar a la ASE», sentenció Pineda Prado, quien calificó la decisión del Pleno como un abuso de poder. De acuerdo con su testimonio, el rigor técnico de su trabajo generó incomodidad, provocando que autoridades de la ASE presentaran quejas en «niveles superiores».
La extitular denunció que esta situación desató una campaña de acoso laboral e intimidación en su contra, cuyo primer intento de remoción se documentó en noviembre de 2025. Para desmentir la supuesta ineficiencia, Pineda argumentó que desde finales de 2021 entregó a la Comisión de Fiscalización del Congreso múltiples propuestas para crear la normativa interna de la UTE, pero acusó que sus iniciativas fueron sistemáticamente congeladas por los propios diputados.
El clima de tensión entre Pineda y el Congreso ya venía escalando. Apenas en marzo, semanas antes de su destitución, la funcionaria participó activamente en la convocatoria para designar a la nueva persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un proceso donde finalmente los legisladores eligieron a Aureliano Hernández Palacios Cardel.
La salida de Pineda Prado no solo dejó acéfala a la UTE, sino que puso en vilo su existencia. El mismo día del despido, se planteó en el recinto legislativo la posibilidad de extinguir la unidad de tajo. Aunque la propuesta encendió alertas entre observadores políticos sobre un posible retroceso en la transparencia estatal, para el mes de junio el Congreso descartó la desaparición del órgano, optando en su lugar por una reestructuración interna que redefiniera sus alcances de vigilancia operativa.
