Guadalajara, Jalisco.- El sector pesquero y acuícola de México busca una salida de fondo a sus problemas estructurales. En un escenario donde las exigencias de los mercados internacionales no dan tregua y la pesca ilegal presiona las costas, los secretarios de Pesca de nueve estados de la República (reunidos en la ANTAP) pactaron con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) un plan de choque centrado en tres ejes: trazabilidad, ordenamiento sanitario y una estrategia de vigilancia compartida.
La reunión, celebrada en la ciudad de Guadalajara, evidenció que la política pesquera actual requiere de una descentralización urgente para ser efectiva. Frente a las limitaciones presupuestales y operativas de la Federación para vigilar los litorales, el comisionado nacional, Rigoberto Salgado Vázquez, puso sobre la mesa un cambio de estrategia: crear un modelo de gobernanza donde municipios y estados asuman tareas de inspección y aporten recursos económicos junto al gobierno federal.
El diagnóstico de los estados es claro: el valor del producto mexicano ya no depende solo de la captura, sino de las credenciales que la acompañen. Flor Emilia Guerra Mena, secretaria de Pesca de Sinaloa —uno de los estados que lidera la producción pesquera nacional— y vicepresidenta de la organización, advirtió que el sector perderá terreno si no se acelera la burocracia de las certificaciones.
«Si queremos sacar adelante a la pesca y la acuacultura debemos impulsar propuestas realmente de fondo, avanzar en certificaciones en materia de sanidad, embarcaciones, sitios pesqueros y cooperativas», señaló Guerra Mena, enfatizando que estos sellos son el único boleto de entrada seguro para competir en los mercados internacionales.
Uno de los puntos críticos del acuerdo es blindar la cadena de suministro. La falta de trazabilidad —el rastro que permite saber de dónde viene un pescado, cómo se capturó y si fue legal— sigue siendo el talón de Aquiles de la industria mexicana.
Como primer paso para destrabar la crisis que viven sectores específicos, como el de los productores acuícolas en el Pacífico, las autoridades informaron que ya opera una mesa permanente que sienta en la misma negociación a los productores con la Guardia Nacional, el SAT, Cofepris y Senasica. El objetivo es frenar el contrabando y regularizar la situación sanitaria de las granjas y cooperativas.
El éxito de este acuerdo dependerá de la rapidez con la que se pase del papel a los presupuestos estatales y federales. El bloque costero que impulsa este plan abarca desde las potencias del Pacífico como las dos Baja Californias, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, hasta estados clave del Golfo como Tamaulipas y Tabasco, además de Michoacán.
