Culiacán, Sinaloa.- El número de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa podría superar las 62 mil, una cifra muy por encima del padrón oficial que contempla poco más de 3 mil personas, advirtió Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
El activista consideró que esta diferencia evidencia la necesidad de ampliar y actualizar los registros para conocer la dimensión real del fenómeno y diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades de las familias afectadas.
“Desde el punto de vista personal, creo que en Sinaloa debemos de tener algo así como más de 62 mil desplazados para el día de hoy”, afirmó.
Loza Ochoa señaló que la atención a esta problemática debe involucrar a los tres niveles de gobierno, debido a que los recursos actualmente destinados resultan insuficientes para cubrir las necesidades de las personas que han tenido que abandonar sus comunidades.
Explicó que el Gobierno de Sinaloa cuenta este año con alrededor de 70 millones de pesos para atender a este sector; sin embargo, consideró necesario que la Federación contemple recursos específicos para los desplazados dentro del presupuesto correspondiente a 2027.
El presidente de la CEDH destacó que la problemática no se limita a la necesidad de vivienda, pues las familias desplazadas también requieren garantizar otros derechos, particularmente el acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes.
Recordó que durante algunos desplazamientos masivos ha sido necesario gestionar espacios en planteles educativos para que los menores puedan continuar con sus estudios y evitar que pierdan clases debido al abandono de sus comunidades.
Asimismo, planteó la necesidad de revisar los estudios y mecanismos de registro existentes para evitar que el número de personas afectadas sea reducido de manera artificial y, con ello, se limite la atención institucional.
Loza Ochoa sostuvo que el desplazamiento debe abordarse mediante una estrategia integral que contemple vivienda, educación y otras necesidades básicas, además de una coordinación efectiva entre las autoridades estatales y federales.
