Mientras el gobierno federal presume justicia social, el Congreso de la Unión aprobó tres cambios que impactarán directamente la vida de millones de mexicanos: más impuestos, menos protección legal y nuevas reglas para obtener vivienda.
El primero: el aumento al IEPS. A partir de 2025, refrescos, cigarros, videojuegos y apuestas costarán más. La medida se presenta como una cruzada por la salud, pero en realidad es una estrategia recaudatoria disfrazada de moral pública.
Para los trabajadores y las familias de ingresos bajos, el golpe será inmediato: lo que antes era un gusto, ahora será un lujo.
El segundo: el Infonavit sin puntaje. La eliminación del sistema de puntos parece buena noticia, pero es solo parte de la historia. Ahora el acceso al crédito dependerá de nuevos criterios que aún no se definen con claridad.
Expertos alertan que sin reglas técnicas, el fondo podría politizarse. En otras palabras, el sueño de la casa propia podría convertirse en una decisión burocrática o electoral.
El tercero, y quizá el más grave: la reforma a la Ley de Amparo. Desde el 16 de octubre, el amparo —el escudo que protegía a los ciudadanos de los abusos del poder— ya no podrá tener efectos colectivos.
Si una comunidad sufre por una obra pública, contaminación o despojo, cada persona deberá presentar su propio juicio. «Antes el amparo podía frenar un abuso. Hoy solo lo ralentiza», resume un abogado constitucionalista.
En conjunto, las tres medidas pintan un país donde el Estado decide más y el ciudadano defiende menos.
El gobierno se fortalece en nombre del bienestar, pero los derechos pierden terreno. «El nuevo México promete justicia, pero la hace más cara y más lejana».
