Colaboración especial: Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de Letra Roja.
Hay una escena que ya es cotidiana en México: aparece en los noticieros, corre por las redes y termina en la tribuna del Congreso. Alguien anuncia una reforma constitucional. Alguien la celebra como un avance histórico; alguien más la denuncia como un retroceso. Al final del día se aprueba, porque hubo los votos para hacerlo. Legal, correcto, dentro del procedimiento.
Y sin embargo, algo no cuadra.
Porque la pregunta que casi nadie hace en ese debate es la que de verdad importa: ¿debería poder hacerse esto? No basta con que sea legal. No basta con que haya mayoría. Falta preguntar si existen cosas que ninguna mayoría, por amplia que sea, debería poder tocar.
Esa pregunta lleva siglos sin una respuesta cómoda. Pero tiene respuesta.
El poder no se controla solo
Montesquieu partía de una premisa incómoda: el poder corrompe. No porque quien gobierna sea necesariamente malvado, sino porque el poder, por naturaleza, tiende a expandirse: siempre encuentra un motivo para pedir más facultades, más margen, menos límites. Por eso sostenía que solo otro poder puede contenerlo. De ahí nace la idea de los contrapesos, que no buscan estorbar a quien gobierna sino proteger a quien es gobernado.
James Madison, uno de los autores de la Constitución de Estados Unidos, lo planteó de otra forma en El Federalista: si los hombres fueran ángeles, no haría falta gobierno alguno; si los gobernantes fueran ángeles, no haría falta ninguna Constitución. Pero no lo son. Por eso existe la Constitución: para ponerle límites al poder.
Vale para todos los gobiernos, los que uno apoya y los que uno rechaza.
La diferencia entre mayoría y legalidad
Aquí está el punto que más incomoda al debate político actual: que una reforma se apruebe por mayoría no la vuelve automáticamente legítima en términos constitucionales. Luigi Ferrajoli, jurista italiano especializado en derechos fundamentales, dedicó buena parte de su obra a explicar por qué. Una democracia real no se agota en respetar la voluntad de las mayorías: también protege a las minorías y resguarda ciertos derechos incluso cuando a la mayoría no le convenga.
Cuando esas garantías se pueden borrar con los votos suficientes, la democracia se vuelve una cáscara: intacta por fuera, vacía por dentro.
Gustavo Zagrebelsky, jurista italiano que presidió la Corte Constitucional de su país, lo explicaba con una imagen simple: la Constitución no es el reglamento del equipo en el poder, sino el acuerdo de convivencia entre todos, ganadores y perdedores incluidos. Ajustarla para que le convenga más a quien gobierna hoy ya no es una reforma. Es una ventaja.
Lo que está pasando en México
Sin tomar partido por ningún color político, hagamos un ejercicio simple: tome usted las reformas constitucionales más relevantes de los últimos años y pregúntese una sola cosa: ¿fortalecen o debilitan los mecanismos que protegen al ciudadano frente al poder?
Empecemos por el Poder Judicial. La reforma introdujo la elección popular de jueces y magistrados. Y la pregunta constitucional no es si un juez electo puede ser independiente, sino si ese diseño ofrece las mismas garantías de independencia que uno donde la permanencia del juez no depende de ganar votos.
Luego está la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, que eliminó instancias que, con todas sus imperfecciones, operaban fuera del control directo del Ejecutivo. Los contrapesos son incómodos por definición: si le resultaran cómodos al poder, dejarían de serlo.
También la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, que extiende la posibilidad de encerrar a alguien sin sentencia condenatoria. Choca de frente con la presunción de inocencia y con los estándares interamericanos en la materia. Y conviene recordarlo: la presunción de inocencia no protege al culpable, protege a cualquiera que aún no ha sido juzgado.
Sumemos el fortalecimiento de las facultades de investigación y seguridad en manos del Ejecutivo federal, que concentra atribuciones históricamente repartidas entre distintos órganos, precisamente como forma de control.
Y está la militarización creciente de tareas que antes eran civiles: seguridad pública, aduanas, obra pública. Ahí se borra una línea que toda democracia cuida por una razón muy concreta: la que separa a las instituciones pensadas para proteger ciudadanos de las pensadas para enfrentar enemigos.
Ninguna de estas reformas equivale, por sí sola, a la caída de la democracia. Lo que preocupa es la dirección que trazan juntas.
La trampa de la normalización
Las democracias casi nunca colapsan de golpe. Se apagan lento y en silencio. Cada reforma trae su propia justificación razonable, cada cambio se presenta como una urgencia, y un día —sin que nadie haya decidido cruzar ninguna línea— la línea sencillamente ya no está.
En México normalizamos algo que debería seguir pareciendo extraordinario: reformar la Constitución como primera respuesta a cualquier problema político. Si una institución estorba, se rediseña; si un fallo judicial incomoda, se cambia la ley; si un organismo se vuelve un obstáculo, se le desaparece. La pregunta que debería venir antes de todo esto (¿debemos hacerlo?) fue reemplazada por otra mucho más simple: ¿tenemos los votos?
Ese cambio no es cualquier cosa. Es la señal de un Estado que dejó de verse limitado por la ley y empezó a verse como quien la escribe a su antojo.
La Constitución no es el programa de gobierno
Hay una diferencia esencial entre gobernar con una mayoría y gobernar bajo una Constitución. Las mayorías deciden política. La Constitución define qué decisiones no deberían depender solo de esa voluntad mayoritaria.
Si cada generación reescribe las reglas fundamentales para resolver sus urgencias del momento, la Constitución deja de ser un pacto de Estado y se convierte en un programa de gobierno con fecha de caducidad.
Y ahí está lo grave: no importa tanto quién gobierne hoy, sino que mañana cualquier otro podrá usar exactamente las mismas herramientas para acumular todavía más poder.
Lo que realmente perdemos
Las democracias casi nunca mueren de un golpe estruendoso. Se van erosionando reforma tras reforma, excepción tras excepción, hasta que un día las instituciones siguen ahí, con el mismo nombre y el mismo logo, pero ya no hacen lo que fueron creadas para hacer.
El crimen organizado mata gente, y eso ya es motivo suficiente de alarma. Pero cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, hay algo aún más difícil de recuperar que empieza a perderse: la libertad.
Al final, esa es la única tarea real de una Constitución: que ningún gobernante —por popular, por querido o por poderoso que llegue a ser— se quede sin límites.
