Culiacán, Sinaloa.— El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado señaló que las familias desplazadas por la violencia enfrentan un nuevo periodo de vulnerabilidad, al denunciar que desde hace varios meses dejaron de recibir despensas y apoyos alimentarios por parte del Gobierno de Sinaloa.
La coordinadora de la bancada priista, Irma Moreno Ovalles, afirmó que esta situación evidencia una falta de continuidad en las políticas públicas destinadas a atender a las personas que tuvieron que abandonar sus comunidades a causa de la violencia.
La legisladora sostuvo que las familias desplazadas han perdido viviendas, patrimonio y fuentes de ingreso, por lo que consideró preocupante que además enfrenten una falta de acompañamiento institucional.
“Las familias desplazadas fueron expulsadas de sus hogares por la violencia y hoy, además de cargar con esa tragedia, enfrentan el abandono de las instituciones”, expresó.
Moreno Ovalles cuestionó el funcionamiento de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), al señalar que el cambio constante de titulares ha dificultado la consolidación de una estrategia permanente para atender esta problemática.
De acuerdo con la diputada, durante la actual administración han ocupado la titularidad de la dependencia cuatro funcionarios distintos, lo que habría generado falta de seguimiento y programas sin continuidad.
Ante esta situación, la coordinadora del PRI pidió al Gobierno estatal transparentar la información sobre el desplazamiento forzado mediante un padrón actualizado que permita conocer la dimensión real del problema y establecer políticas públicas adecuadas.
Señaló que la atención a las familias desplazadas no debe limitarse a la entrega de apoyos alimentarios, sino incluir acciones en materia de vivienda, empleo, salud, educación, emprendimiento y acompañamiento social para que puedan reconstruir sus proyectos de vida.
Asimismo, criticó que las autoridades reaccionen únicamente ante protestas o presión social, en lugar de mantener una política permanente de atención a las víctimas de la violencia.
Finalmente, Moreno Ovalles llamó al Ejecutivo estatal a asumir una mayor responsabilidad frente al desplazamiento forzado y garantizar soluciones de fondo para las familias afectadas en distintas regiones de Sinaloa.
