Culiacán, Sinaloa.- Esta mañana (jueves), desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó un comunicado sobre las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Su postura fue clara: no habrá detención sin pruebas contundentes, la carga de la prueba debe cumplirse, el debido proceso es inviolable y no se permitirá acusar a nadie sin fundamento legal sólido.
Todo eso es correcto. Todo eso está bien. El problema no es lo que dijo. El problema es cuándo lo dijo y a quién se lo dijo.
El garantismo que no estaba antes
Durante años, hablar de derechos en materia penal en México ha sido casi mal visto. Defender el debido proceso era sinónimo de proteger delincuentes, poner trabas o dejar libres a culpables. La prisión preventiva oficiosa — ese mecanismo que permite encarcelar a una persona antes de que se pruebe su culpabilidad, a veces por años — fue defendida por el mismo sistema político hoy en el poder como una necesidad absoluta de seguridad pública. Sin pruebas contundentes. Sin estándares claros. Sin que nadie preguntara quiénes eran los testigos.
Hoy, frente a las acusaciones contra el gobernador, la presidenta cuestionó públicamente que el documento del DOJ presente testigos cuya identidad se desconoce. Es un señalamiento jurídicamente válido. Pero es el mismo señalamiento que miles de personas detenidas bajo prisión preventiva oficiosa en México podrían haber hecho desde sus celdas, sin que nadie en el poder los escuchara.
La lógica que no cierra
La presidenta estableció un razonamiento de dos vías: si hay pruebas, la FGR procede; si no las hay, el objetivo es político. El problema jurídico es que esa conclusión — que sin pruebas la acusación es política — tampoco tiene sustento probatorio por sí misma. Afirmar que una acusación es políticamente motivada requiere evidencia de esa motivación. Si no, se cae en la misma lógica que se critica: conclusión sin fundamento.
Además, la presidenta confirmó que habló con Rocha Moya horas antes de su posicionamiento público. No es un detalle menor. La neutralidad institucional que exige el Estado de derecho no es compatible con coordinar la narrativa con el acusado antes de pronunciarse oficialmente.
El artículo 13 que nadie cita
La Constitución mexicana es contundente en su artículo 13: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Queda prohibido el fuero. Nadie está por encima de la ley.
Ese principio no distingue entre gobernadores y ciudadanos anónimos. No distingue entre acusaciones nacionales e internacionales. No distingue entre aliados políticos y opositores. La igualdad ante la ley no es un principio de conveniencia — es el fundamento de cualquier sistema que pretenda llamarse Estado de derecho.
Y eso incluye exigir pruebas antes de detener. Siempre. Para todos. No solo cuando el acusado es un gobernador del partido en el poder.
La paradoja del garantismo selectivo
Es fascinante observar la paradoja: el mismo sistema que ayer justificaba detenciones sin claridad y defendía la prisión preventiva como necesidad absoluta, hoy exige legalidad quirúrgica y pruebas sólidas. Cuando la autoridad reconoce que una investigación puede caerse por fallas procesales, está admitiendo una verdad que los juristas hemos sostenido siempre: la forma es fondo. Que el proceso importa. Que las pruebas importan. Que los derechos importan.
Bienvenidos al garantismo. Lástima que haya tardado tanto en llegar — y que haya llegado en función del expediente, no de los principios.
Privilegio con toga
El debido proceso no es una estrategia de defensa para proteger a los poderosos. Es un límite al poder del Estado frente a cualquier persona, con o sin cargo, con o sin cobertura mediática, con o sin respaldo político.
Si hoy descubrimos que las pruebas importan, que la detención requiere fundamento y que acusar no es lo mismo que demostrar, es porque durante mucho tiempo aceptamos que no importaran — siempre que el detenido fuera alguien sin nombre ni micrófono.
Una justicia que solo es garantista cuando le conviene al poder no es justicia. Es privilegio con toga.
