Culiacán, Sinaloa.- En Culiacán, los retenes militares dejaron de ser puntos aislados: ahora funcionan como varios escuadrones desplegados consecutivamente, cada uno con autonomía para detener, revisar y decidir sobre los ciudadanos que transitan por las avenidas.
Esta fragmentación genera confusión sobre los derechos civiles y el marco legal que respalda la presencia militar en espacios urbanos.
Aunque la Constitución establece que la disciplina militar aplica solo en casos relacionados con el servicio castrense, decretos presidenciales desde 2020 habilitan a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad pública, incluyendo revisiones en vía pública.
Sin embargo, la intervención tiene límites: pueden detener, pedir documentos y realizar inspecciones visuales de vehículos, pero no registrar pertenencias ni retener a personas sin causa aparente o sin orden judicial.
El artículo 16 constitucional establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
El problema se intensifica porque cada escuadrón militar opera de manera independiente, sin coordinación visible entre ellos ni con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, generando incertidumbre sobre a quién acudir en caso de un exceso. Los ciudadanos, aunque conscientes de sus derechos, se encuentran atrapados en una tensión entre seguridad y legalidad.
Expertos recomiendan que los conductores y transeúntes mantengan la calma, proporcionen documentos y, si la revisión excede lo razonable, registren la ubicación, hora y número económico del vehículo militar. Es legal grabar a servidores públicos en funciones, y es crucial no firmar documentos sin leerlos y contar con defensa legal si se produce un traslado ante autoridad.
La normalización de los retenes fragmentados convierte la discrecionalidad militar en un espacio sin supervisión visible, donde la legalidad depende del criterio del escuadrón que realiza la detención.
Ante excesos, los ciudadanos deben dirigirse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Inspectoría y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea de la SEDENA (ahora DEFENSA), sin confrontar directamente a los elementos en el retén.
En Culiacán, la continua presencia militar busca reforzar la seguridad, pero el uniforme no anula los derechos constitucionales de los ciudadanos, que requieren información y canales claros para ejercerlos.
