Ciudad de México.- El Gobierno de México mantuvo este viernes su rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas, al que calificó de “tendencioso”, “parcial” y “falto de rigor jurídico”, aunque reafirmó su disposición a seguir cooperando con organismos internacionales en materia de derechos humanos.
De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el Gobierno de México mantiene su rechazo a las conclusiones del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, porque considera que no refleja la información presentada por el Estado mexicano.
A través de un comunicado conjunto emitido el 2 de abril por las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Relaciones Exteriores (SRE), el Ejecutivo federal señaló que el documento del CED “omite las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano”, especialmente los avances registrados desde 2018 y las reformas más recientes a la Ley General en Materia de Desapariciones.
El Comité de la ONU, en su decisión del 19 de marzo (publicada el 2 de abril), activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y pidió al secretario general António Guterres que remita urgentemente la situación de México a la Asamblea General.
Los expertos argumentaron que existen “indicios fundados” de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan cometiéndose como crímenes de lesa humanidad.
La respuesta oficial fue tajante: “México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. El Gobierno consideró que el procedimiento del artículo 34 está diseñado para casos en los que estos crímenes son cometidos de forma sistemática por agentes del Estado, algo que —según su postura— “no corresponde a la realidad del México actual”.
La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera del 6 de abril, ratificó el rechazo: “Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”.
Sin embargo, separó la crítica al informe del compromiso de su administración con la búsqueda de personas desaparecidas y el diálogo con los colectivos de familiares.
La SRE enfatizó que el informe representa únicamente la opinión de 10 expertos independientes y no la posición oficial de la ONU en su conjunto. Al mismo tiempo, el Gobierno reafirmó su voluntad de continuar la cooperación internacional y el trabajo conjunto con organismos multilaterales.
El caso ha generado fuerte polémica. Organizaciones de la sociedad civil y familiares de desaparecidos han criticado el rechazo oficial, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también cuestionó algunos aspectos del informe del CED.
Hasta el momento, ni la ONU ni el Gobierno mexicano han anunciado nuevas reuniones o acciones derivadas de esta controversia.
