Culiacán, Sinaloa.- En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, Silvia Alejandra Pineda Prado, titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) del Congreso del Estado de Sinaloa, levantó la voz públicamente para denunciar una serie de presuntos actos de acoso laboral, amenazas de inhabilitación, presión para presentar una renuncia «voluntaria» y la retención injustificada de su salario.
La denuncia, difundida a través de redes sociales, expone una situación que podría violar derechos laborales constitucionales y resalta tensiones internas en la institución legislativa.
Según el relato de Pineda Prado, las presiones comenzaron el 20 de octubre de este año, cuando diversas autoridades del Congreso la acosaron y amedrentaron para que renunciara, argumentando instrucciones «de arriba» que debían acatarse.
Al negarse, el 6 de noviembre recibió una notificación firmada por la Comisión de Fiscalización sobre una supuesta causal de remoción: la omisión de proponer lineamientos para el funcionamiento de la UTE.
La funcionaria rechaza esta acusación, afirmando haber presentado en siete ocasiones documentos como lineamientos, manuales y procedimientos, todos notificados a la Comisión. El día anterior a la denuncia pública, remitió alegatos y pruebas en su defensa.
La situación escaló con la retención de su salario correspondiente a la primera quincena de noviembre, lo que motivó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Congreso.
Pineda Prado envió oficios el 14 de noviembre solicitando aclaraciones y el pago pendiente a cuatro autoridades clave: el diputado Eligio López Portillo, actual presidente de la Comisión de Fiscalización; a la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política; a la licenciada Carmen Alicia Amézquita León, directora Administrativa; y a Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, secretaria General.
Hasta la fecha, no ha recibido respuestas ni el pago, lo que califica como una violación a sus derechos laborales establecidos en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
«Es un acto de arbitrariedad el que están cometiendo conmigo, pero no voy a renunciar aunque me amenacen con que hasta me van a inhabilitar», expresó Pineda Prado en su denuncia.
La funcionaria, con más de 12 años en el servicio público –incluyendo nueve como auditora de cuentas públicas–, enfatizó su trayectoria y compromiso con la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
«Mis valores y mis convicciones no son negociables», añadió, destacando que prefiere realizar su trabajo correctamente, aunque «incomode» o le cueste el puesto.
El caso adquiere mayor relevancia al vincularse con posibles represalias por su labor en la UTE. Fuentes periodísticas sugieren que el conflicto podría originarse en propuestas de Pineda Prado para implementar controles sobre un fondo del 3% de recursos propios destinados a obra pública, administrado por los diputados, lo que habría generado incomodidades internas.
Además, menciona un incidente adicional: su participación en una conferencia durante la Semana del Economista en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) fue cancelada abruptamente el 4 de noviembre, nuevamente por «instrucciones de arriba».
Hasta el momento, el Congreso del Estado de Sinaloa no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones.
