La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este 17 de marzo su Plan B de reforma electoral tras el rechazo de su iniciativa original en la Cámara de Diputados.
La nueva propuesta, negociada con Morena, PT y PVEM durante cuatro días, busca reducir salarios de funcionarios electorales y el número de regidores municipales para generar ahorros de 4 mil millones de pesos.
El anuncio se hizo en Palacio Nacional. La iniciativa será enviada al Senado el mismo día.
La estrategia cambia de raíz respecto a la reforma original, que obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra el 11 de marzo. Faltaron votos para la mayoría calificada de 334. Aquel proyecto pretendía eliminar senadores plurinominales, modificar la elección de diputados y recortar 25% el financiamiento partidista. PT y PVEM lo rechazaron.
Topes salariales y presupuestales
El Plan B establece que consejeros del INE, magistrados electorales y altos funcionarios no podrán ganar más que la presidenta. La medida responde a casos como el del Congreso de Baja California, donde cada legislador cuesta más de 34 millones de pesos anuales.
Los congresos locales tendrán un tope presupuestal de 0.70 por ciento del presupuesto de egresos estatal. El Senado aplicará una reducción progresiva de 15 por ciento en su gasto operativo.
Menos regidores
La reforma ajustará el número de regidores municipales a un rango de 7 hasta máximo 15, según el tamaño del municipio. Acapulco tiene 20 regidores. Monterrey, 28. Puebla, 23. Estructuras que la presidenta considera costosas.
El gobierno sostiene que los 4 mil millones ahorrados se quedarán en estados y municipios para obra pública y servicios.
Revocación de mandato
El Plan B permite realizar la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno. Podría ejecutarse en 2027 o 2028.
El fracaso legislativo de la reforma original dejó al descubierto las fracturas al interior de la coalición gobernante. PT y PVEM se desmarcaron del proyecto porque afectaba su representación plurinominal.
Las negociaciones obligaron a Sheinbaum a replantear su estrategia hacia medidas de austeridad en el ámbito local. La estructura del Congreso federal queda intacta.
La viabilidad del Plan B depende ahora del Senado, donde la presidenta confía en que el acuerdo tripartito garantice los votos necesarios.
