Lima, Perú.- El gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México tras conocer que la exministra peruana Betssy Chávez, acusada de participar en el fallido golpe de Estado de 2022, se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima.
Así lo informó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, quien calificó el acto de México como «inamistoso» y denunció la injerencia de los expresidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en los asuntos internos de su país.
En conferencia de prensa, De Zela expresó que la decisión de romper relaciones diplomáticas responde a la protección brindada a Chávez, «presunta coautora del golpe de Estado» impulsado por el expresidente Pedro Castillo.
Además, criticó la postura del gobierno mexicano al «tratar de convertir a los autores del intento de golpe en víctimas», cuando, según él, la realidad demuestra que Perú vive en democracia y cuenta con el respaldo internacional, salvo por la solitaria excepción de México.
Chávez, quien fuera primera ministra de Castillo, enfrenta cargos por su presunta participación en el intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022.
La exfuncionaria fue excarcelada en septiembre de 2023 después de una huelga de hambre, aunque continúa siendo procesada por su implicación en los hechos. En respuesta a esta situación, tanto López Obrador como Sheinbaum han exigido la liberación de Castillo, respaldando su versión de los eventos.
El ministro peruano también destacó que, a pesar del rompimiento diplomático, se mantendrán relaciones consulares entre ambos países. Esto garantiza que peruanos en México y mexicanos en Perú sigan recibiendo la protección de los cónsules respectivos.
De Zela precisó que la diferencia clave radica en que, mientras las relaciones diplomáticas implican el trato de asuntos políticos y comerciales, las consulares se enfocan en la protección de ciudadanos.
Finalmente, el canciller indicó que el gobierno de México aún no ha comunicado formalmente la situación de Betssy Chávez a Perú, lo que, según los tratados internacionales, debe ocurrir antes de tomar cualquier acción adicional.
