En los primeros días de la campaña de los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, los edificios del Congreso del Estado y del Ayuntamiento de Culiacán se tiñeron de naranja. Fue un gesto simbólico, repetido en todo el mundo, para visibilizar la lucha por la vida de las mujeres.
Pero mientras las fachadas se iluminaban, cuatro mujeres fueron asesinadas con extrema violencia en Sinaloa en menos de 72 horas. El color naranja no alcanzó a cubrir la sangre roja que empapa las calles de un estado sumido en una espiral de violencia letal, donde el crimen organizado impone su ley y el Estado responde con recortes, subregistros y discursos vacíos.
Este contraste no es una coincidencia trágica: es un síntoma de una fractura institucional profunda. En Sinaloa, la violencia contra las mujeres ya no es solo un problema de género, sino un reflejo del colapso generalizado de la gobernabilidad. Y en ese colapso, las mujeres pagan el precio más alto.
El sadismo como lenguaje del poder
Desde septiembre de 2024, Sinaloa vive una guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa que ha dejado más de 2,100 homicidios en poco más de un año. Culiacán, que había salido en 2023 de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, ha regresado con fuerza —y podría volver a estar entre las cinco más peligrosas del planeta en 2025.
Pero lo más inquietante no es solo la cantidad de muertes, sino su forma: cuerpos decapitados colgados de puentes, cadáveres embolsados abandonados en carreteras, incluso cerca de escuelas. Esta violencia no busca solo eliminar rivales; busca (si se me permite el término) ‘terrorizar’, exhibir y normalizar. El sadismo se ha convertido en un lenguaje semiótico del crimen organizado: cada cuerpo es un mensaje, cada acto de crueldad, una redefinición del orden social.
En este contexto, la mujer no es una víctima colateral, sino un blanco estratégico. La narcocultura —esa pseudocultura que glorifica el lujo ilícito y la masculinidad armada— cosifica a las mujeres: las convierte en trofeos, en adornos de poder, en objetos de control. Muchas son seducidas por la ilusión de estatus y seguridad, solo para terminar atrapadas en redes de violencia, dependencia económica y, en demasiados casos, muerte violenta.
Feminicidios invisibilizados, recursos desaparecidos
Mientras la violencia se intensifica, las instituciones sinaloenses no solo no responden: retroceden. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha normalizado la práctica de clasificar feminicidios como “homicidios dolosos”, evadiendo así los protocolos de investigación con perspectiva de género. Un caso reciente lo ilustra con crudeza: el asesinato de una mujer de 70 años, con un disparo en el rostro, fue descartado como feminicidio bajo el argumento de que “podría ser un asalto”. Este no es un error técnico; es un acto de negación institucional.
Peor aún: en plena crisis, el gobierno estatal recortó en 2025 casi un 8% del presupuesto para la igualdad de género, incluyendo una reducción del 61.6% en los fondos destinados a la prevención desde la Secretaría de Seguridad Pública y un recorte del 17.8% para la Secretaría de las Mujeres y los Centros de Justicia.
No hay peor hipocresía que iluminar edificios de naranja mientras se cierran las puertas de los refugios y se debilitan los mecanismos de protección.
La Alerta de Violencia de Género (AVGM), declarada desde hace años en Culiacán y otros municipios, se ha convertido en un ejercicio burocrático más que en una herramienta de emergencia.
El Congreso: activismo simbólico frente a omisión real
El Poder Legislativo tampoco escapa a la crítica. Aunque en noviembre de 2024 presentó un paquete de siete iniciativas con perspectiva de género —incluyendo la creación de una Unidad de Género y la penalización del incumplimiento de la paridad como falta grave—, ninguna ha sido aprobada con la urgencia que la crisis exige.
Mientras tanto, el Congreso se conforma con actos protocolarios: la iluminación naranja, los discursos del 25 de noviembre, las declaraciones de “cero tolerancia”. Pero no fiscaliza, no exige informes sobre los recortes, no investiga por qué, de más de 21,000 llamadas de auxilio por violencia contra mujeres, apenas 5,000 se convierten en denuncias formales. La brecha no es de capacidad; es de voluntad política.
Hacia una respuesta de emergencia real
Frente a esta doble normalización —la del crimen organizado y la del Estado— se requiere una respuesta estructural, no simbólica. ¿Como cuál? Bueno, revertir inmediatamente los recortes presupuestales destinados a la prevención, atención y justicia para mujeres, podría ser un buen inicio.
Exigir a la Fiscalía de Sinaloa a aplicar el Protocolo de Feminicidio en toda muerte violenta de mujer, sin excepciones ni justificaciones; desarrollar contranarrativas culturales que desmonten la idealización del estilo de vida narco y ofrezcan alternativas reales de empoderamiento económico y social para las jóvenes, así como demandar al Congreso que funja como un órgano de fiscalización real, no como un escenario de activismo decorativo.
La paz no se ilumina, se construye
La violencia en Sinaloa no se resolverá con colores, sino con justicia, recursos y coraje institucional. Mientras el Estado siga tratando a las mujeres como un tema de agenda y no como una prioridad de seguridad nacional, seguirán cayendo víctimas en un juego donde el crimen organiza el terror y el gobierno organiza la simulación.
No se trata de apagar la luz naranja, sino de que esa luz ilumine acciones concretas, no fachadas. Porque mientras las instituciones se complacen en lo simbólico, las mujeres siguen muriendo en lo real. Y eso no es solo una tragedia: es una responsabilidad colectiva que ya no puede postergarse.
