Los grupos criminales están reclutando a menores de edad para integrarlos en actividades ilícitas. Algunos tienen apenas 12 años de edad, pero ya participan activamente en labores de vigilancia y en enfrentamientos.
El estudio “Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada”, elaborado por la organización Reinserta, evidencia como los grupos criminales han encontrado un “recurso funcional” en los menores de edad.
Los menores son fácilmente manipulabas, y para las organizaciones criminales, los menores representan una mano de obra desechable y poco visible. Son invisibilizados por la ley, por las instituciones y, muchas veces, por su propio entorno, señala el informe.
Por estas razones, se les ha denomina “pollitos de colores”, un apodo que una metáfora cruel. La expresión proviene de la práctica común en ferias y mercados de vender pollitos pintados con tonos brillantes, atractivos a la vista, pero condenados a morir pronto por el maltrato y la fragilidad.
Los adolescentes reclutados también son llamativos, inocentes y desechables, utilizados para tareas de halconeo, vigilancia de casas de seguridad, venta de droga o incluso como sicarios, sabiendo que su vida dentro del crimen será corta.
“Son pollitos de colores: los pintan, los sueltan y pronto desaparecen”, explicó uno de los testimonios recogidos por Reinserta.
La mayoría de los adolescentes entrevistados proviene de hogares con violencia familiar, abandono o pobreza extrema. Muchos abandonaron la escuela antes de cumplir los 13 años y fueron captados mediante invitaciones de amigos o conocidos, más que por amenazas directas.
En el norte del país, los menores reciben adiestramiento armado, mientras que en el sur la captación ocurre a través del trabajo informal y el microtráfico.
Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio es que muchos de estos menores no solo son víctimas, sino que terminan participando en delitos graves, como homicidios, secuestros o tráfico de drogas.
Algunos, con apenas 15 años, ya habían sido utilizados como reclutadores de otros niños, repitiendo los mismos métodos con los que fueron engañados.
A pesar de esto, la mayoría no fue procesada por delincuencia organizada, lo que evidencia una falla institucional en el sistema de justicia juvenil que impide reconocerlos plenamente como víctimas de reclutamiento forzado.
