Culiacán, Sinaloa.- Existen crisis financieras que se resuelven con austeridad, auditorías y responsabilidad institucional. Y existen las que se resuelven cobrando.
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha optado con inquietante sistematicidad por la segunda vía: mientras acumula pasivos por más de 1,500 millones de pesos y sostiene una nómina de confianza con salarios de hasta 62,000 pesos mensuales, sus estudiantes —muchos de ellos provenientes de familias trabajadoras o de municipios distantes— enfrentan cuotas que se multiplican sin previo aviso.
Además de esto, trámites diseñados para generar costos adicionales y un proceso de titulación que, según quienes lo padecen, resulta ser lo más difícil de toda una especialización: no por su exigencia académica, sino por su laberinto administrativo.
De 300 a 1000 pesos: la aritmética del abuso
El certificado de licenciatura, que en noviembre de 2024 se obtenía por 300 pesos, mostró una tendencia alcista hasta alcanzar los mil pesos en enero de 2026. No se trata de ajustes aislados: se trata de una política de extracción sistemática que encuentra en cada trámite una oportunidad de recaudación.
A ello se suma una paradoja que roza lo absurdo: para titularse de maestría, la UAS exige documentos de licenciatura que ella misma resguarda en sus archivos, obligándole al estudiante a pagar mil pesos por la expedición de calificaciones que la propia universidad ya posee. El cobro no responde a un costo real de gestión; responde a la necesidad de generar ingresos propios en una institución que, según datos oficiales, elevó estos rubros a 706 millones de pesos anuales mediante el incremento del 56% en cuotas de inscripción aprobado en 2025.
El costo de ser foráneo: cuando titular es un lujo de clase
El testimonio de estudiantes provenientes del estado de Nayarit pone rostro a lo que las cifras apenas insinúan. Estas jóvenes, que viajaron a Culiacán para concluir su especialización en la UAS, describen un proceso de titulación que las obliga a regresar en múltiples ocasiones a la ciudad: primero para solicitar una cita, luego para entregar requisitos en físico, después para acudir a distintos edificios en distintos puntos de la ciudad, y finalmente para recoger el título. Cada viaje representa aproximadamente 2,000 pesos solo en transporte, más hospedaje y alimentación.
Los puntos críticos del testimonio recogido son reveladores:
- El proceso está deliberadamente fragmentado: la información se entrega por partes, impidiendo al estudiante calcular con anticipación el tiempo, el dinero y el desgaste que implicará el trámite.
- Los trámites están dispersos en edificios ubicados en distintos extremos de la ciudad, multiplicando innecesariamente los desplazamientos y los costos.
- Para estudiantes foráneos, el esquema equivale a un peaje reiterado: cada vuelta implica renta, transporte, comida y días hábiles perdidos.
- El contraste con la titulación de licenciatura —donde el trámite era simple y centralizado— sugiere que la complejidad actual no es un accidente, sino una decisión.
- Los propios estudiantes califican este proceso como lo más difícil de toda su formación de posgrado, no por su rigor intelectual, sino por su fricción institucional.
La crisis financiera es institucional. La factura no debería ser estudiantil.
La UAS arrastra una deuda estructural de 1,539 millones de pesos, un sistema de jubilaciones que consume el 35% de su presupuesto y una nómina de personal de confianza —casi la mitad de sus 9,000 empleados— con percepciones de entre 22,000 y 62,000 pesos mensuales.
Ante esta realidad, el rector Jesús Madueña Molina optó por implementar una “reingeniería financiera” que aplica descuentos del 5% al 20% a los salarios de docentes activos y jubilados, mientras mantiene intactos los privilegios de la nómina de confianza.
Paralelamente, el incremento en cuotas estudiantiles —calificado por el diputado Sergio Torres Félix como “ilegal y arbitrario”— traslada a las familias más vulnerables el costo de un desastre financiero que estas nunca provocaron.
El argumento institucional de que las cuotas de la UAS “siguen siendo las más bajas del país” resulta estadísticamente deshonesto: compara cifras nominales ignorando el poder adquisitivo real de las familias sinaloenses, la velocidad de los incrementos y el contexto de una entidad que atraviesa una crisis de seguridad con impacto económico directo sobre la población. Una cuota “baja” que se duplica en meses, en el contexto equivocado, no es una cuota baja: es una trampa.
Lo que la UAS debe explicar
Una universidad pública no puede invocar su carácter autónomo para eximirse de la rendición de cuentas. La resistencia de la UAS a las auditorías forenses, la opacidad en el diseño de los procesos de titulación y la ausencia de consulta previa a la comunidad estudiantil antes de aprobar incrementos del 56% en cuotas no son rasgos accidentales: son señales de una institución que ha normalizado tratar a sus estudiantes como fuente de financiamiento antes que como sujetos de derecho.
Las jóvenes de Nayarit que viajan a Culiacán y deben rentar cuarto, pagar dos viajes de ida y vuelta y navegar la burocracia ‘uaseña’ solo para recoger un título que ya ganaron con su esfuerzo académico no son un caso excepcional: son la norma. Y la norma, en este caso, es inaceptable.
La gratuidad progresiva prometida por la nueva Ley Orgánica de la UAS no tendrá ningún valor mientras los trámites administrativos continúen siendo el canal alternativo para extraer recursos de quienes menos los tienen. Las palabras cuestan poco. Las reformas estructurales, mucho más.
