La aprobación, el 9 de diciembre de 2025, del crédito por 2,200 millones de pesos en el Congreso de Sinaloa pareció, a primera vista, una victoria administrativa para el gobernador Rubén Rocha Moya.
Pero bajo la superficie del trámite fiscal se escondía algo mucho más significativo: la primera fractura abierta en la hegemonía morenista sinaloense, y con ella, el inicio de una guerra fría por la sucesión de 2027.
Lo que debería haber sido un acto de disciplina partidaria se convirtió en un espectáculo de realineamientos, traiciones veladas y alianzas inesperadas que revelan una verdad incómoda: el poder de Rocha ya no es absoluto.
En una votación que desafió toda lógica parlamentaria, los diputados Juana Minerva Vázquez González y Pedro Alonso Villegas Lobo, ambos de Morena, votaron en contra del dictamen.
Mientras tanto, partidos históricamente opositores —PRI, PAN y hasta el PAS, este último envuelto en un conflicto encarnizado con el gobierno estatal por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)— avalaron la deuda.
Esta inversión de roles no responde a consideraciones técnicas sobre finanzas públicas, sino a una dinámica política mucho más profunda: la lucha por definir quién heredará el proyecto de la Cuarta Transformación en Sinaloa.
La disidencia como estrategia sucesoria
Vázquez y Villegas no son simples halcones fiscales convertidos. Su rechazo al crédito es la primera maniobra táctica de una campaña que ya opera en la sombra: la candidatura de Imelda Castro Castro a la gubernatura. Senadora de la República, Castro ha construido en los últimos años un perfil sólido, alineado ideológicamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y distanciado del pragmatismo priista que muchos atribuyen al “rochismo”.
La sincronía es evidente. La rebelión legislativa ocurre en medio de una intensa presencia de Castro en el estado, con informes públicos, asambleas y una narrativa claramente diferenciada: mientras Rocha insiste en que “Sinaloa está tranquilo”, ella pide una “tregua navideña” a los grupos criminales —un gesto que, políticamente, reconoce lo que el gobernador niega: el Estado ha perdido el control del territorio.
Además, en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, Imelda Castro exigió “investigaciones limpias y castigo, caiga quien caiga”, en un contexto donde la Fiscalía General de la República ya había atrapado el caso por irregularidades de la fiscalía estatal. Este discurso no solo le gana simpatía ciudadana; erosiona la autoridad de Rocha y su círculo cercano.
El nuevo mapa del poder morenista en Sinaloa
La estructura de poder morenista en Sinaloa ya no es vertical, sino bifurcada. De un lado, el “Rochismo”: un aparato estatal que aún controla la burocracia, el presupuesto y el Ejecutivo, pero que ha perdido legitimidad por su incapacidad para contener la violencia del crimen organizado.
De otro, el “Imeldismo”: una plataforma que opera desde el Senado, con respaldo federal, ventaja en encuestas y una narrativa de renovación que se ajusta perfectamente al discurso de Sheinbaum: «es tiempo de mujeres».
Esta división ya se refleja en el Legislativo. La supuesta unidad partidista, proclamada por el dirigente estatal de Morena, Édgar Barraza, es una ficción. Mientras Barraza emite comunicados de lealtad, sus propios diputados desafían abiertamente al gobernador. La disciplina que caracterizó al morenismo en sus primeros años en Sinaloa se ha evaporado.
Peor aún para Rocha: la oposición se ha convertido en su aliado contingente. Necesitado de votos para aprobar la deuda, tuvo que negociar con el PRI y el PAN, comprometiendo su autonomía y exponiéndose a chantajes políticos.
En la lógica del presidencialismo mexicano, depender de los adversarios históricos es sinónimo de debilidad.
El factor federal: Sheinbaum decide
En última instancia, como ya lo hemos señalado anteriormente, la sucesión en Sinaloa no se resolverá en Culiacán, sino en la Ciudad de México. Y allí, los vientos soplan claramente a favor de Imelda Castro.
Su alineamiento discursivo con Sheinbaum, su perfil feminista y su distancia crítica (pero no rupturista) del gobierno estatal la posicionan como una posible candidata para un sexenio que ha hecho de la paridad y la austeridad sus banderas.
Mientras tanto, los favoritos de Rocha cargan con el estigma de la violencia.
Juan de Dios Gámez Méndivil, alcalde de una capital sitiada: como responsable directo de la ciudad más golpeada, su imagen está atada al caos. No puede vender «continuidad» cuando la continuidad significa balaceras diarias.
Enrique Inzunza, exsecretario de Gobierno señalado por errores estratégicos: como arquitecto de la política interior, es corresponsable del fallo en la inteligencia y la prevención.
En un estado donde la percepción de inseguridad ha paralizado la economía y destruido la vida cotidiana, la continuidad del “rochismo” suena más como una amenaza que como una promesa.
Es 2025, y la sucesión ya comenzó
La votación del crédito de este pasado 9 de diciembre no fue un episodio aislado, sino el preludio de una alternancia interna. Morena en Sinaloa ya no es un monolito; es un campo de batalla entre dos visiones de la Cuarta Transformación: una arraigada en la lealtad personal al gobernador, y otra proyectada hacia el futuro, alineada con el centro del poder nacional.
Rubén Rocha Moya aún tiene herramientas para resistir: controla el aparato estatal, el presupuesto y el calendario electoral. Pero la historia política reciente muestra que, cuando un gobernador pierde la iniciativa narrativa y su partido se divide, su sucesión está en riesgo.
Hoy, en Sinaloa, la verdadera pregunta ya no es si habrá cambio en 2027, sino quién lo encabezará. Y todo indica que, esta vez, el dedazo no vendrá del Palacio de Gobierno, sino del Palacio Nacional, a 1220 kilometros de nuestro bello Culiacán.
