Durante las primeras horas del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó la “Operation Absolute Resolve” (Operación Resolución Absoluta): una incursión militar en Caracas que culminó con la extracción forzosa del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y la primera dama, su esposa Cilia Flores.
La operación, la más audaz desde la invasión a Panamá en 1989 (recordemos el caso de la captura del general Manuel Noriega), no sólo pone fin al gobierno de Maduro tras 13 años de crisis, sino que señala un cambio de paradigma en la política exterior estadounidense hacia América Latina: el retorno de una hegemonía unilateral, proyectada por la fuerza, y justificada bajo la figura jurídica del «narcoterrorismo».
Desde Washington, la administración Trump ha presentado la captura como un acto de justicia contra un «jefe de cártel», no contra un jefe de Estado. El Departamento de Justicia alega que Maduro dirigía el “Cártel de los Soles”, una red criminal que usaba el narcotráfico como arma asimétrica. Bajo esta lógica, su inmunidad soberana —garantía consuetudinaria del derecho internacional— se desvanece.
Sin embargo, desde La Haya hasta la Ciudad de México, esa interpretación es vista como una violación flagrante del orden jurídico internacional, que protege a los gobernantes en funciones, independientemente de sus crímenes presuntos.
Soberanía frente a intervención: la fractura hemisférica
La operación ha dividido al continente en dos bloques claros. Por un lado, México, Brasil y Colombia han condenado la intervención. La presidenta Claudia Sheinbaum invocó la Doctrina Estrada, principio fundacional de la diplomacia mexicana desde 1930, que rechaza el derecho de un Estado a calificar la legitimidad de los gobiernos de otros.
Para Sheinbaum, reconocer la legalidad de la operación en Venezuela equivaldría a abrir la puerta a futuras acciones similares en suelo mexicano —lo que es una preocupación real, en medio de las crecientes tensiones sobre el tráfico de armas y la designación de los cárteles mexicanos como terroristas por parte de la administración Trump.
Por otro lado, países como Argentina y Canadá han respaldado la operación, celebrándola como un paso hacia la restauración democrática. Pero incluso entre los aliados, hay cautela: la promesa de Trump de que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela ha generado inquietud sobre los límites de una posible administración de facto en Caracas.
Mientras tanto, China y Rusia (que han metido mucho dinero en Venezuela) han condenado la acción como un acto de agresión, temiendo la pérdida de sus intereses energéticos y geopolíticos en el país con las mayores reservas petroleras del mundo.
El legado de Maduro: ruina económica y control social
Ahora, hay que irnos un poco a los números. El gobierno de Maduro (2013–2026) deja tras de sí una nación devastada: un PIB contraído más del 70 por ciento, una producción petrolera reducida a un tercio de su nivel histórico y una hiperinflación que pulverizó el ingreso familiar.
La diáspora o desplazamiento forzado alcanzó los 8 millones de personas, asimismo organismos internacionales documentaron crímenes de lesa humanidad en cárceles, incluyendo torturas sistemáticas en centros de inteligencia y ejecuciones extrajudiciales, utilizados para neutralizar la disidencia política.
Pero también deja una estructura de control social que no desaparecerá con su detención. Programas como los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), creado en 2016 para paliar la escasez en Venezuela a través de la distribución de alimentos subsidiados, y la Gran Misión Vivienda, que hasta 2025 entregó más de 5 millones de viviendas —aunque politizados y corruptos— lograron mantener una base de apoyo de alrededor del 20 por ciento de la población, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Esa red clientelar, junto con un aparato militar leal y una burocracia del chavismo aún operativa, asegura que la transición no será automática ni mucho menos pacífica.
Apenas horas después de la captura de Maduro, el Tribunal Supremo juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, lo que pone en evidencia que el régimen Chavista no colapsó, sino que se reconfiguró.
La verdadera batalla por Venezuela no será entre Washington y Caracas, sino entre quienes quieren una transición negociada y quienes aspiran a una ruptura total. Es decir, la polarización entre quienes celebran la «liberación» y quienes denuncian la «ocupación» definirá la conflictividad social de los próximos años.
Hacia un nuevo orden en las Américas
La detención de Maduro marca el fin de la era de la contención diplomática y el inicio de lo que algunos analistas ya llaman el “Corolario Trump”: una actualización de la Doctrina Monroe que no solo prohíbe la injerencia extra hemisférica, sino que justifica la intervención directa para eliminar gobiernos aliados de potencias rivales.
Este precedente es peligroso. Si EE. UU. puede capturar a un presidente electo (aunque de forma cuestionable), reconocido por la ONU y con embajadas en todo el mundo, ¿qué garantía tienen otros líderes de la región? La operación no solo redefine las reglas del juego en Venezuela; reconfigura el equilibrio de poder en todo el hemisferio.
El éxito de esta apuesta dependerá de si Washington puede estabilizar Venezuela sin desatar una guerra civil, restablecer su industria petrolera sin convertirse en ocupante, y convencer a sus vecinos del barrio de que su acción no fue un retorno al imperialismo, sino un acto de justicia.
Ya veremos si esta operación será recordada como una restauración democrática o como el inicio de un conflicto prolongado al estilo de Irak, pero en el corazón de Sudamérica.
Hasta ahora, la región parece dividida en su respuesta. Pero una cosa es clara: Trump acabó con la era de la no intervención en Latinoamérica, y esto, estimados amigos, es algo que merece la pena seguir de cerca y con lupa.
