Culiacán, Sinaloa.- El 24 de octubre de 2025, el gobernador Rubén Rocha Moya no solo renovó tres secretarías clave de su administración en Sinaloa; reconfiguró el tablero sucesorio con una precisión que delata una estrategia pensada no para gobernar mejor, sino para ganar la próxima elección.
Los cambios en la Secretaría General de Gobierno, Economía y Bienestar no responden a una mera evaluación de desempeño, como se anunció oficialmente, sino a una lógica de control político, blindaje institucional y preparación electoral con miras a la sucesión de 2027.
En un contexto en el que la Cuarta Transformación enfrenta crecientes desafíos de legitimidad y eficacia en el norte del país, estos movimientos revelan una apuesta clara: consolidar un gabinete de lealtad absoluta y operatividad electoral, capaz de sostener la narrativa de éxito del régimen mientras neutraliza riesgos internos y externos.
La salida de Ricardo Velarde Cárdenas de la Secretaría de Economía —tras la polémica por la desaparición de un joven en un bar de su propiedad— fue el detonante inmediato de la reestructura.
Pero más que una reacción, fue una oportunidad estratégica. Rocha Moya no solo eliminó un foco de presión reputacional; aprovechó la crisis para reordenar su círculo de poder.
Velarde, un perfil empresarial con autonomía relativa, representaba un tipo de gobernanza técnica que, en tiempos electorales, choca con la lógica de la 4T: todo debe estar alineado, todo debe ser funcional al proyecto político.
Su reemplazo por Feliciano Castro Meléndrez —operador histórico del gobernador y ex titular de la SGG— no busca impulsar una nueva política económica, sino restablecer la confianza del sector productivo desde la lealtad partidista, no desde la especialización técnica.
Castro, es un político de confianza; el político de confianza de Rocha. Su reubicación a Economía es un mensaje doble: por un lado, demuestra que el Ejecutivo puede actuar con firmeza ante escándalos; por otro, saca del centro del poder político a un operador con suficiente peso propio como para convertirse en aspirante sucesorio.
Quizá el movimiento más revelador fue el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como titular de la Secretaría General de Gobierno. Primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de Sinaloa, Bonilla es una figura con trayectoria legislativa sólida, pero sin experiencia ejecutiva profunda en la alta burocracia estatal.
Su designación no responde a criterios técnicos, sino a uno político: garantizar que el corazón del poder gubernamental —la SGG— responda directamente al gobernador, sin intermediarios ni ambiciones propias.
A diferencia de Castro, cuya influencia podía generar fricciones o aspiraciones autónomas, Bonilla representa un perfil de lealtad incondicional, dispuesto a ejecutar sin cuestionar.
Este cambio centraliza el control político en el Despacho del Ejecutivo y cierra la puerta a que la SGG se convierta en una plataforma de lanzamiento sucesorio no autorizada. En la lógica de la 4T, no se trata de quién gobierna mejor, sino de quién garantiza la continuidad del régimen.
Mientras tanto, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) se ha convertido en el eje operativo de la campaña anticipada.
La designación de Omar Alejandro López Campos —ex delegado federal de Programas para el Bienestar y ahijado consentido (talvez en este punto el más consentido, por encima de Gámez Mendivil)— no es casual. Es una señal inequívoca de que, en los próximos 24 meses, la política social será el principal instrumento de movilización electoral.
López Campos domina los mecanismos de dispersión de recursos, el manejo de padrones y la articulación con la estructura federal de la 4T. Su tarea no es tanto impulsar un modelo de desarrollo sustentable —como sugiere el nombre de la secretaría—, sino asegurar que la base social del régimen esté activa, visible y comprometida antes de que comience formalmente la contienda.
Este enfoque refuerza una tendencia nacional: en ausencia de grandes logros económicos o de seguridad, el voto se sostiene con transferencias directas y presencia territorial. Y en Sinaloa, López Campos será el encargado de que esa presencia sea impecable.
Los ajustes de octubre de 2025 no son un simple reacomodo administrativo. Son una maniobra de anticipación electoral que busca tres objetivos simultáneos: Blindar la imagen gubernamental tras una crisis reputacional; neutralizar figuras con ambición sucesoria que puedan desafiar la unidad del partido; y convertir la política social en la columna vertebral de la campaña 2027.
Rubén Rocha Moya ha dejado claro que, en su visión, el gobierno no termina en 2025 ni en 2027: debe perpetuarse. Y para lograrlo, ha construido un gabinete donde la lealtad pesa más que la experiencia, y donde cada secretaría tiene un rol definido en la estrategia de continuidad del régimen.
En Sinaloa, como en el resto del país, la sucesión ya no se decide en las urnas: se diseña desde el gabinete.
