Vámonos a una fecha concreta: jueves 18 de diciembre de 2025. Ese día, Sinaloa dio un paso atrás de proporciones históricas: el Congreso del Estado, con el respaldo del gobierno de Rubén Rocha Moya, extinguió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).
No fue un ajuste técnico ni una medida de austeridad razonable, sino el desmantelamiento deliberado de uno de los pilares fundamentales de la rendición de cuentas en la entidad.
Tras 22 años de funcionamiento, más de 250 mil solicitudes atendidas y una efectividad del 94.5% a favor de los ciudadanos, la CEAIP fue eliminada en una sesión exprés, sin debate público ni consideración de sus consecuencias.
La reforma constitucional —aprobada en menos de 72 horas— no crea un vacío, sino una centralización peligrosa del control: las mismas dependencias gubernamentales que generan la información ahora serán las responsables de decidir si se entrega o no.
En la práctica, el Estado se ha convertido en juez y parte. Si la Secretaría de Salud (o cualquier otra) niega una factura, ya no habrá un órgano autónomo que la obligue a entregarla; la queja será resuelta por una oficina interna del mismo Ejecutivo, subordinada al gobernador.
Esta lógica se replica en los poderes Legislativo, Judicial y en organismos autónomos. La transparencia, antes un derecho con mecanismos de protección, se transforma en una concesión discrecional.
El impacto será devastador, especialmente en un estado donde el periodismo de investigación ha sido clave para exponer redes de corrupción, como en el caso “Sinaloa, La Facturación Invisible”, de Iniciativa Sinaloa, que identificó desvíos por más de 25 millones de pesos gracias, precisamente, a la labor y al acompañamiento de la CEAIP.
Sin ese órgano garante, investigaciones de esa magnitud serán prácticamente imposibles. El periodista que solicite información se encontrará con una pared administrativa diseñada para negar, y la única vía de apelación —el Tribunal de Justicia Administrativa— es costosa, lenta y poco accesible para la ciudadanía.
La narrativa oficial habla de “armonización federal”: recordemos que esta reforma estatal se presentó como una consecuencia necesaria de la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2024, que extinguió al INAI y otros órganos autónomos nacionales.
La misma narrativa nos habla de “austeridad republicana”, pero los números desmienten esa justificación: la CEAIP costaba apenas el 0.05% del presupuesto estatal.
El argumento de la onerosidad del organismo, utilizado frecuentemente en la retórica de austeridad, colapsa ante la evidencia aritmética: por cada 2,000 pesos gastados por el gobierno de Sinaloa, solo un peso se destinaba a garantizar que se supiera en qué se gastaron los otros 1,999. Por lo tanto, todo apunta a que no se trata de ahorrar, sino de reconcentrar el poder y limitar el escrutinio.
En un contexto de violencia, opacidad y debilidad institucional, cerrar la puerta a la transparencia no es un error administrativo: es una decisión política que favorece la impunidad.
La desaparición de la CEAIP no es el fin de la demanda ciudadana por saber, pero sí es el fin de las garantías estatales para satisfacerla.
Sinaloa entra en 2026 en una era de opacidad legalizada, donde el acceso a la información pública dejará de ser un derecho llave para convertirse en una concesión política sujeta a la voluntad del funcionario en turno.
La sociedad civil y el periodismo enfrentan el reto histórico de reinventar sus mecanismos de fiscalización en un entorno institucional hostil, donde la luz de la transparencia fue apagada por decreto constitucional.
Nuestro bello Sinaloa no pierde solo una institución; pierde la posibilidad de que sus ciudadanos vigilen, cuestionen, exijan y confronten a sus gobernantes. Y eso, en democracia, no es un retroceso menor.
