Culiacán, SInaloa.- El pasado viernes 16 de enero, el cierre de la Pastelería La Única —un ícono en el Centro de Culiacán con más de 20 años de operación— no fue solo la desaparición de un local comercial. Fue el síntoma visible de una crisis profunda que ha fracturado la relación entre el Estado y la sociedad productiva en Sinaloa.
Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya atribuye estos cierres a “ciclos naturales” del mercado, y la presidenta Claudia Sheinbaum los vincula a la sequía, el sector empresarial responde con cifras contundentes: más de 2,300 negocios formales han cerrado en Culiacán desde septiembre de 2024, y la pérdida de empleo formal supera los 13,000 puestos en un año.
Esta disonancia no es retórica; es una falta de diagnóstico que paraliza la acción. Porque mientras el gobierno busca normalizar lo anormal, la economía real se desangra.
La teoría de los “ciclos naturales” —que sugiere que las empresas cierran por ineficiencia o evolución del mercado— colapsa ante la evidencia. ¿Cómo explicar que franquicias internacionales como IHOP, restaurantes de alta gama como Norte 33 o una pastelería con varias décadas de trayectoria hayan decidido retirarse de forma casi simultánea?
No se trata de startups fallidas, sino de empresas rentables que ya no pueden operar en un entorno complicado, permeado, entre otras cosas, por la violencia.
Desde septiembre de 2024, en algunas partes de Culiacán se vive bajo un especie “toque de queda autoimpuesto”. Algunas familias dejaron de salir por la noche, los restaurantes perdieron hasta el 50% de sus ventas, y los comercios del centro histórico se vaciaron.
No hubo quiebra financiera previa; hubo colapso de la demanda por miedo. En este contexto, un crédito gubernamental no salva a un negocio: lo que necesita es clientes, y los clientes necesitan seguridad.
Por otro lado, es cierto: Sinaloa enfrenta una sequía severa que ha reducido la siembra en más de 330,000 hectáreas. Pero ese problema afecta al campo, no al centro de Culiacán: la sequía no explica el cierre de una boutique. Atribuir el desempleo urbano a la falta de lluvia es, en el mejor de los casos, un error de análisis; en el peor, una negación deliberada de la crisis de seguridad.
Los datos del IMSS muestran que la mayor pérdida de patrones se concentra en microempresas urbanas —restaurantes, tiendas, servicios—, no en jornaleros agrícolas. Y la Unión de Comerciantes de Culiacán estima que, además de los 2,300 locales formales, 20,000 unidades informales han desaparecido.
Estas son familias que vendían comida desde sus casas o atendían tianguis; su desaparición no se registra en las estadísticas oficiales, pero sí en el hambre y la desesperanza.
La respuesta gubernamental ha sido bien intencionada, pero equivocada. El gobierno federal insiste en programas de bienestar rural, ignorando que la crisis está en la ciudad. El estado reparte hornos y máquinas de coser, y otorga pequeños créditos a empresas que no tienen ingresos. Como dice Martha Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa: “Un crédito no soluciona una crisis de ingresos; solo posterga la quiebra”.
Mientras tanto, el municipio de Culiacán ofrece descuentos en impuestos y “corredores seguros”, medidas valientes pero insuficientes frente a una violencia que ha convertido a la capital en una ciudad hasta cierto punto rebasada.
Sinaloa no atraviesa una recesión económica ordinaria. Está en una economía de guerra, donde la principal causa de la contracción no es la inflación, ni la tasa de interés, ni el clima, sino la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad mínima para la vida cotidiana.
Mientras el gobierno siga negando esta realidad, seguirá aplicando parches a una herida abierta. Para revertir la tendencia, se requiere un plan de rescate de emergencia: subsidios directos a la nómina, exenciones fiscales reales, coordinación militar efectiva y, sobre todo, una estrategia de pacificación creíble.
