Ciudad de México.- En medio de la crisis humanitaria generada por las lluvias recientes en Puebla y Veracruz, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional habrían recibido instrucciones de replegarse y no intervenir durante las entregas de apoyo realizadas por células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según declaraciones del analista de seguridad David Saucedo.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Saucedo aseguró que las autoridades federales ya localizaron geográficamente los vehículos y rutas que el CJNG emplea para repartir víveres y dinero en las zonas damnificadas. Pese a ello, indicó, no se ha procedido a detener esas acciones ni vehículos, pues ello podría generar malestar o respaldo comunitario hacia quienes entregan los apoyos.
“En este momento hay una tregua con el Cártel Jalisco en esta región. No hay combates y están permitiendo que hagan las entregas de los apoyos a los pobladores”, comentó el investigador.
Saucedo también señaló que este patrón de intervención social por parte del CJNG no es nuevo: ya se ha documentado en otros estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato. La estructura territorial del cártel le permite moverse con rapidez, sin requisitos oficiales ni padrones, y con una capacidad de logística que le otorga eficacia frente a intervenciones estatales.
El especialista advirtió que esta dinámica no sólo representa una forma de asistencia social, sino también una estrategia para consolidar la base social del grupo criminal —en zonas marginadas o rurales— y para ocupar espacios en los que el Estado no llega. Asimismo, apuntó que algunas autoridades locales facilitan o toleran estas acciones para llegar a comunidades donde las instituciones tienen poca cobertura.
Hasta ahora no hay versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional ni de la Guardia Nacional que confirme o desmienta la acusación de repliegue estratégico. En tanto, la dinámica ha sido interpretada por analistas como muestra de debilidad institucional o de una frontera borrosa entre seguridad pública y legitimidad social del crimen organizado.
