El inicio de 2026 trajo consigo una tormenta perfecta en el Pacífico Norte. La combinación de una ofensiva unilateral de Estados Unidos contra el crimen organizado, la continuidad de la guerra abierta entre facciones del Cártel de Sinaloa y la proximidad de los comicios estatales de 2027 ha colocado a Sinaloa en el epicentro de una crisis que trasciende lo local: es un punto de quiebre para la soberanía mexicana, la gobernabilidad democrática y la estabilidad regional.
Vamos por partes. Todo comenzó con la “Operación Resolución Absoluta” en Venezuela, donde Estados Unidos extrajo por la fuerza al presidente Nicolás Maduro. Lejos de ser un episodio aislado, esa operación funcionó como una demostración de poder —y una advertencia—: Washington ya no se limita a sanciones o cooperación; está dispuesto a usar fuerza militar directa en suelo latinoamericano si considera que sus intereses de seguridad están en riesgo. Y en ese nuevo mapa estratégico, Sinaloa es el siguiente frente.
Donald Trump ha sido explícito: los cárteles “gobiernan México”, y su administración planea “ataques terrestres” para neutralizarlos. Aunque el lenguaje evoca invasión, la realidad probable es más sutil pero igualmente disruptiva: drones armados sobre sus sierras y ciudades; operativos encubiertos de fuerzas especiales y ciberataques contra redes criminales. Todo ello, sin el consentimiento del gobierno mexicano.
Sheinbaum frente al dilema de la soberanía
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con firmeza retórica: “cooperación sí, subordinación no”. Asimismo, ha rechazado cualquier presencia militar estadounidense en territorio nacional e insistido en que la violencia tiene raíces sociales, no solo criminales. Pero su postura enfrenta una contradicción creciente: ¿cómo defender la soberanía cuando el Estado ha perdido el control en amplias zonas del país?
El pasado 27 de septiembre de 2025, Sheinbaum eligió precisamente Mazatlán, Sinaloa, para anunciar un acuerdo histórico sobre control de armas, exigiendo a los Estados Unidos frenar el flujo de fusiles hacia el sur. Fue un movimiento inteligente: desplazar la narrativa del “narcotráfico mexicano” al “armamento estadounidense”. Pero mientras el discurso se fortalece en foros diplomáticos, en las calles de Culiacán la ciudadanía vive bajo fuego cruzado. La defensa de la soberanía, por legítima que sea, no detiene ninguna bala.
Sinaloa: ¿una sociedad en estado de sitio?
Desde septiembre de 2024, la entidad ha sido escenario de una guerra civil entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, con resultados devastadores. De acuerdo con cifras manejadas y expuestas por algunas cámaras empresariales, en Sinaloa existen más de 2,300 negocios cerrados, una fuga masiva de capitales, comunidades enteras abandonadas y una psicosis colectiva que ha normalizado el miedo. Coparmex, por ejemplo, ha advertido que “la marca Culiacán está manchada de sangre”.
Por otro lado, la economía agrícola —motor del estado— está a merced de las amenazas de aranceles al tomate, una herramienta que Donald Trump usa como palanca económica y política.
¿Cómo y por qué? Bueno, paralelamente a la amenaza militar, la administración Trump ha activado el frente económico, una herramienta que golpea directamente el corazón de Sinaloa. La amenaza de imponer aranceles punitivos a las exportaciones mexicanas, específicamente al sector agrícola, representa un misil dirigido a la línea de flotación de la economía sinaloense. Sinaloa es el principal exportador de tomate a Estados Unidos, enviando más de 700,000 toneladas anuales.
La imposición de un arancel del 17% al 25% al tomate mexicano bajo el pretexto de prácticas desleales (dumping) o como sanción por la falta de control del narcotráfico, devastaría a los productores locales. Esta medida tiene un doble filo estratégico:
Presión Política: Los grandes agricultores de Sinaloa poseen una influencia política inmensa. Al asfixiarlos económicamente, Trump busca que este sector presione al gobierno federal y estatal para aceptar la ayuda (o intervención) estadounidense.
Desestabilización Social: La quiebra de las agrícolas generaría desempleo masivo en las zonas rurales, creando paradójicamente un mayor caldo de cultivo para el reclutamiento del crimen organizado, cerrando un círculo vicioso de inestabilidad.
En este contexto, el gobierno de Rubén Rocha Moya se debate entre la lealtad a la Cuarta Transformación y la incapacidad de contener la violencia. Su gestión, aunque respaldada por cifras de aprobación, ha perdido credibilidad en algunos sectores urbanos y empresariales. Y eso, en política, es una sentencia anticipada.
2027: una elección de supervivencia, no de propuestas
Los comicios de 2027 en Sinaloa no girarán en torno a infraestructura, educación o empleo. Girarán en torno a la seguridad y la viabilidad misma del Estado. Morena enfrenta una encrucijada interna: ¿apostar por la continuidad con algún perfil cercano a Rocha, o por una renovación con perfiles que prometen orden sin romper con la 4T?
Mientras tanto, la oposición ve su mejor oportunidad en décadas. El Revolucionario Institucional ha capitalizado el hartazgo con un discurso de “mano dura” que, en algunos casos, flirtea peligrosamente con la legitimación de la intervención estadounidense. En Culiacán, el actual alcalde Juan de Dios Gámez intenta construir una imagen de estabilidad, pero su futuro depende de si logra reducir las incidencias de seguridad en los próximos 18 meses.
Pero más allá de los partidos, hay dos vetos invisibles que definirán quién puede gobernar:
El veto de los cárteles: En un estado fragmentado, las campañas políticas en zonas rurales requerirán el «permiso» tácito de la facción dominante en ese territorio. Esto pone a los candidatos en un riesgo mortal: aceptar apoyo o protección de un bando los convierte en objetivo militar del otro. En ese sentido, la violencia política podría alcanzar niveles inéditos en 2027.
El veto de Washington: Con Trump en la Casa Blanca y una lista de sanciones activa, cualquier candidato con vínculos sospechosos (reales o fabricados) con el narcotráfico podría ser objeto de «lawfare» (guerra jurídica). Una acusación o cancelación de visa por parte de EE.UU. en plena campaña sería letal para cualquier aspirante. Los candidatos deberán pasar una «prueba de blancura» ante la DEA para ser viables.
El futuro de México se juega en Sinaloa
Lo que ocurra en Sinaloa en los próximos meses determinará no solo el rumbo del estado, sino el de toda la relación bilateral con Estados Unidos. Si Washington interviene —aunque sea de forma encubierta—, se romperá un tabú que ha sostenido la diplomacia mexicana desde la Doctrina Estrada. Si el Estado mexicano logra recuperar el control sin ceder soberanía, será un triunfo institucional sin precedentes.
Pero si fracasa, Sinaloa podría convertirse en el primer laboratorio de una nueva era en América: aquella en la que la seguridad se impone por la fuerza, la democracia se negocia bajo amenaza y el poder real reside no en los votos, sino en los fusiles y los drones norteamericanos.
En ese escenario, la elección de 2027 en Sinaloa podría no ser un acto de ciudadanía, sino un acto de resistencia. Es decir, un voto en contexto de crisis, donde lo importante ya no sea quién ofrece mejores políticas de salud, educación, empleo o medio ambiente, sino quién puede contener la violencia, quién garantiza que los niños puedan ir a la escuela sin miedo; quién impide que los negocios bajen las cortinas o las familias no tengan que abandonar sus comunidades.
