Culiacán, Sinaloa.- La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) emitió una severa advertencia sobre el déficit acumulado en el presupuesto estatal para Seguridad Pública y Justicia, el cual asciende a $4,877 millones de pesos en los últimos siete años.
El organismo presentó un documento analítico en noviembre de 2025, cuyo objetivo es urgir a un presupuesto estratégico para 2026 que revierta los bajos resultados del sistema de seguridad y justicia para los sinaloenses.
Aunque el presupuesto para 2025 alcanzó los $3,472 millones de pesos y registró el mayor crecimiento porcentual del periodo (13.62%), el CESP subraya que este aumento no compensa el rezago histórico ni representa un impacto estructural suficiente.
El análisis revela que, si el presupuesto hubiera crecido al menos al ritmo de la inflación desde 2018, el déficit actual no sería tan pronunciado.
«Cada año que no se invierte con decisión en seguridad y justicia, el costo no se mide solo en pesos, se mide en delitos no resueltos, en familias desprotegidas, en cuerpos policiacos agotados y en ciudadanos que dejan de confiar en sus instituciones», dicta el documento presentado por el CESP.
El informe también detalla que Sinaloa se encuentra en una posición de rezago crítico en inversión por habitante comparada con estados vecinos como Chihuahua y Sonora.
También advierte que la baja inversión se traduce en un sistema con un estado de fuerza insuficiente:
Policía Estatal Preventiva (PEP): Sinaloa cuenta con 1,006 elementos de PEP, lo que equivale a solo 0.33 por cada mil habitantes. Este número está muy por debajo del estándar mínimo de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. El déficit actual es de 4,444 elementos.
Fiscalía General del Estado (FGE): La FGE enfrenta una escasez de personal para un reto de 34,489 carpetas de investigación registradas en 2024. En promedio, a cada uno de los 453 agentes del Ministerio Público le corresponden 76 carpetas.
El informe concluye que, de no corregirse el rumbo, Sinaloa mantendrá una fuerza operativa insuficiente, una investigación de delitos rebasada, un sistema judicial congestionado y un aumento en la percepción de impunidad.
