Culiacán, Sinaloa.- La diputada y coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Roxana Rubio Valdez, advirtió que la iniciativa federal de Ley de Aguas impulsada por Morena representa un grave riesgo para el campo mexicano, la economía y la seguridad alimentaria del país.
La legisladora acusó que la propuesta busca extorsionar a los productores y centralizar el control del agua en manos del Gobierno federal, afectando a quienes dependen de este recurso para producir.
Rubio Valdez explicó que la reforma propuesta retiraría el control del agua a los agricultores, ganaderos, industriales, transportistas y gobiernos locales, lo que impactaría negativamente en sectores clave de la economía.
Además, señaló que las familias que utilizan norias o sistemas de captación de agua de lluvia también se verían afectadas por estas disposiciones.
“Es una reforma que no solo afecta a los productores, sino a toda la sociedad”, dijo.
La legisladora también criticó la falta de un debate serio sobre la iniciativa, que, según ella, se pretende aprobar sin foros públicos y sin tomar en cuenta las preocupaciones de los sectores involucrados.
Entre los puntos más controvertidos, destacó la separación del derecho al agua de la tierra, los permisos temporales, la imposibilidad de usar derechos de agua como garantía para créditos, y la aplicación de sanciones desproporcionadas, que incluyen multas millonarias y hasta 12 años de prisión por faltas administrativas.
A pesar de la crisis hídrica que enfrenta México debido a la sequía, la sobreexplotación de acuíferos y la infraestructura deteriorada, Rubio Valdez lamentó que la reforma no contemple una inversión real para modernizar distritos de riego, reparar presas ni fortalecer los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
“La propuesta solo busca concentrar poder y aumentar sanciones, pero no ofrece soluciones reales a los problemas del agua”, aseguró.
En Sinaloa, el impacto sería especialmente grave debido a la importancia del estado como uno de los principales productores de alimentos del país. Cualquier afectación al campo tendría repercusiones directas en la seguridad alimentaria nacional y en el empleo rural.
Por ello, la diputada exigió la apertura de foros públicos, la participación de los estados y municipios, y que cualquier reforma vaya acompañada de inversión en infraestructura y tecnificación.
“El agua es un derecho humano, pero también es el motor del campo, del empleo y de la producción de alimentos. Convertirla en un instrumento de control político pone en riesgo a todo el país”, concluyó.
