Culiacán, Sinaloa.— Silvia Pineda, titular de la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso del Estado de Sinaloa, denunció este jueves que la diputada María Teresa Guerra Ochoa fue la primera en exigirle la renuncia el pasado 20 de octubre, lo que —afirma— desató una serie de presiones, amenazas y bloqueo institucional en su contra.
Pineda relató que este jueves acudió a la Comisión de Fiscalización para presentar sus alegatos, tras ser citada por oficio; sin embargo, la reunión fue cancelada sin permitirle hablar, mientras le informaban que ya existe un dictamen para removerla del cargo.
Señaló que la causal que se le imputa —una supuesta omisión en la presentación de lineamientos internos— es falsa, asegurando contar con siete oficios enviados desde 2021 que prueban que sí cumplió con esa obligación.
Pineda afirmó que los diputados Serapio Vargas y Eligio López Portillo han sido parte de las presiones. En el caso de Serapio Vargas, denunció que él acudió a su oficina para advertirle que, si no renunciaba, igual la destituirían, y que incluso “podían inventar algo” para justificar su remoción, además de advertirle una posible inhabilitación del servicio público.
A ello se suma que desde la primera quincena de noviembre no ha recibido su salario, pese a los oficios enviados a áreas administrativas y al Órgano Interno de Control, sin obtener respuesta.
La funcionaria indicó que ya presentó denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de las Mujeres, el Gobernador y la Secretaría General, aunque solo recibió un mensaje preliminar de la secretaria Ana Chiquete.
“Es una persecución política. Mi trabajo incomoda porque fiscalizo y no soy manejable”, sostuvo, destacando el respaldo que ha recibido en redes sociales, con más de 95 mil personas alcanzadas.
Pineda aseguró que no renunciará y pidió a los medios mantenerse atentos a la sesión donde se votará su posible destitución.
Medios locales, incluido Letra Roja, hemos reportado que Pineda Prado enfrenta presiones para renunciar y falta de pago, posicionándolo como un ejemplo de hostigamiento laboral en instituciones públicas.
Hasta el momento, ni el Congreso ni las autoridades mencionadas han emitido respuestas oficiales, y el dictamen para su destitución se discute hoy en sesión plenaria.
